Cancillería prepara listado y verificación consular.
El 24 de octubre, una operación binacional permitió el regreso de 17 colombianos desde Venezuela por un paso fronterizo habilitado. Con ese hito, el Gobierno colombiano anunció que persisten 18 personas en centros de reclusión venezolanos, cuyos casos se llevarán a la mesa durante la cumbre de la CELAC en Santa Marta.
La estrategia trazada incluye gestiones bilaterales al margen de la agenda plenaria. La Cancillería trabajará con un listado priorizado según tiempo de detención y estado procesal, con el fin de solicitar medidas alternativas, excarcelaciones o decisiones que destraben los expedientes.
En paralelo, los equipos consulares han fortalecido el acompañamiento jurídico y las visitas, ante reportes de dilaciones y comunicaciones irregulares. El objetivo es asegurar el debido proceso y que cada familia reciba información actualizada del estado de su caso.
La experiencia de octubre dejó aprendizajes logísticos: coordinación con autoridades regionales, verificación médica, transporte, alojamiento temporal y documentación. Para una nueva fase, se activarán rutas en frontera que permitan retornos ordenados en caso de anuncios positivos.
En Santa Marta, la interlocución política busca garantías verificables: un calendario de hitos, una mesa técnica de seguimiento y reportes periódicos. La posibilidad de incorporar garantes internacionales ha sido considerada por organizaciones sociales para reforzar la confianza.
Voceros consultados subrayan que el proceso requiere discreción para no interferir con las decisiones judiciales en Venezuela. Sin embargo, sostienen que los espacios multilaterales como la CELAC facilitan señales políticas y compromisos humanitarios.
En caso de nuevas excarcelaciones, Colombia activará protocolos de reintegración: orientación psicosocial, acceso a salud, apoyo para reunificación familiar y articulación con el sector productivo local para inserción laboral, especialmente en municipios fronterizos.
Las autoridades colombianas han reiterado que la prioridad es proteger derechos y garantizar la integridad de quienes permanecen detenidos, a través de visitas consulares y coordinación con defensas. El Gobierno insiste en que la relación bilateral permitirá soluciones graduales.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos familiares han llamado a evitar la revictimización y a mantener canales de información abiertos. Plantean que, aun sin anuncios inmediatos, un acuerdo de seguimiento ayudaría a reducir la incertidumbre.
La CELAC cierra una secuencia que empezó con la reapertura de pasos y siguió con la liberación parcial de octubre. Ahora, la expectativa es que los 18 nombres restantes pasen de expedientes a planes de retorno. De ocurrir, se comunicará con detalle; de no ser así, continuará la presión diplomática.
Para analistas, un anuncio en la cumbre podría mejorar el clima fronterizo, impulsar la cooperación consular y servir como modelo regional para resolver casos similares. Las familias, por su parte, piden fechas y responsables de cada etapa.
Desde el ámbito venezolano, se anticipa que cualquier movimiento estará enmarcado en la soberanía judicial, lo que obligaría a fórmulas graduales y verificables. Sin coordinación técnica, advierten, los compromisos corren riesgo de diluirse.
La cumbre en Santa Marta es un punto de inflexión para los 18 expedientes. Con voluntad política y verificación, podrían transformarse en reencuentros.
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