La captura de Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, en Brisas del Güejar (Meta), marca un punto de inflexión en el esclarecimiento del asesinato de Miguel Uribe Turbay. Su presunto rol de intermediario entre Segunda Marquetalia y los sicarios permite integrar armas, comunicaciones y seguimientos en una sola narrativa probatoria.
El operativo dejó incautaciones que orientan la fase técnico-científica: pistola, rifle .22, cinco celulares, SIM card y documentos. A esto se suman los registros de movilidad y vigilancias sobre el senador previas al ataque, así como la judicialización del menor que disparó.
Cuerpo
Primero, la geografía: el hallazgo de ‘El Viejo’ en el Ariari sugiere corredores rurales con baja densidad institucional para labores de ocultamiento y logística. Puerto Lleras conecta con áreas donde el control armado históricamente ha sido disputado.
Segundo, la capa tecnológica: la incautación de múltiples celulares y SIM permite activar peritajes de tráfico de llamadas, geolocalización por celdas y cruce de IMEI. Estas matrices son útiles para perfilar jerarquías y roles: quién ordena, quién ejecuta y quién distribuye tareas.
Tercero, la capa balística: el rifle .22 y la pistola serán cotejados con bases de IBIS y pruebas de residuos de disparo. Aunque el arma homicida fue otra, la trazabilidad puede vincular proveedores y rutas que conecten Bogotá con Meta.
Cuarto, la capa humana: ‘El Viejo’ habría seguido al senador en días previos, información consistente con métodos de preparación de atentados: rutinas, puntos ciegos, reacción de escoltas. En paralelo, el uso de un adolescente como tirador refuerza la tesis de subcontratación del riesgo penal.
Quinto, la capa organizacional: diversas fuentes apuntan a Segunda Marquetalia como autoría probable. La captura de ‘El Viejo’ sería la más alta en rango dentro de los detenidos, reforzando la hipótesis de coordinación interestatal de mandos y células urbanas.
Sexto, la comparación regional: magnicidios y atentados políticos en Latinoamérica suelen estructurarse en capas —financiación, logística, inteligencia, ejecución— con intermediarios que compartimentan a los autores intelectuales. El patrón aparece en este expediente.
Séptimo, la ventana judicial: la sumatoria de delitos —homicidio agravado, porte de armas, uso de menores— perfila un marco sancionatorio alto. Las pruebas digitales y testimoniales de apoyo (por ejemplo, capturas previas de conductores y coordinadores) robustecen la teoría del caso.
Octavo, la legitimidad democrática: el asesinato de un senador y precandidato reavivó alertas nacionales e internacionales (incluida la CIDH). La respuesta institucional medirá la capacidad del Estado para identificar determinadores y evitar nuevos ciclos de violencia electoral.
Noveno, la comunicación pública: imágenes del funeral y la conmemoración masiva en Bogotá consolidaron el impacto simbólico del crimen, presionando resultados judiciales y elevando el costo reputacional para grupos armados.
Décimo, lo que viene: con el análisis de metadatos y rutas, la Fiscalía buscará amarrar temporalidades y contactos para pasar de hipótesis a imputaciones contra presuntos determinadores.
Mandos de Policía y Fiscalía calificaron la captura como un avance clave. Bancadas del Congreso pidieron celeridad y cooperación internacional en trazas digitales y financieras. Analistas hablan de un punto de no retorno para develar la arquitectura del crimen.
Para organizaciones de derechos humanos, el caso reabre el debate sobre protección a candidatos y la prevención del uso de menores por estructuras criminales. Instaron a una política de seguridad que combine inteligencia, justicia y prevención social.
La caída de ‘El Viejo’ alineó piezas que parecían aisladas. Si los peritajes confirman la trama de comunicaciones y logística, la investigación podría escalar hasta los autores intelectuales. La opinión pública espera respuestas.
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