Un repaso a las afirmaciones y las evidencias citadas.
6–7 de noviembre de 1985. La toma del Palacio de Justicia por el M-19 y la posterior retoma militar dejaron decenas de muertos y desaparecidos, y un legado de expedientes, condenas y debates abiertos sobre responsabilidades estatales y guerrilleras.
*Imágen de referencia
Años siguientes. Se consolidan testimonios y decisiones judiciales que alimentan distintas interpretaciones sobre lo ocurrido con el magistrado Manuel Gaona Cruz. Familias y organizaciones de víctimas mantienen viva la exigencia de verdad y reparación.
Conmemoraciones recientes. En el marco de los 40 años, el abogado Mauricio Gaona reafirma que su padre fue asesinado dentro del Palacio por orden del comandante Andrés Almarales, apoyándose en cuatro testimonios que considera de alto valor ético y probatorio.
La controversia actual. Gaona critica que el presidente Gustavo Petro sugiera en X que el magistrado habría salido con vida y que el crimen sería atribuible a Fuerzas Militares. El abogado replica: “Las pruebas no las podemos reemplazar por trinos”.
Los puntos de fricción. 1) Lugar y modo del asesinato del magistrado; 2) Responsabilidad de actores armados y estatales; 3) Uso de la fuerza en la retoma, con referencia a un tanque disparando contra la sede judicial; 4) Autoridad de la voz presidencial frente a expedientes históricos.
Figuras en debate. Gaona insiste en no exaltar a responsables del operativo como el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, mientras que sectores castrenses reivindican la defensa del orden. El nombre de Andrés Almarales reaparece en los relatos sobre las primeras horas del asalto.
El factor redes. La disputa exhibe cómo la comunicación política puede reabrir relatos establecidos. Para víctimas y juristas, cualquier nueva versión debe presentar documentación, peritajes y testigos que la sustenten.
Lo que falta. Si el Gobierno quiere revisar la narrativa, deberá acompañarla de pruebas; si no, el efecto será polarización y desgaste institucional. Gaona, por su parte, pide separar la memoria de la coyuntura y atenerse a lo que conste en los expedientes.
El contexto social. La conmemoración encuentra a un país dividido, con demandas de no repetición y de pedagogía sobre los límites del uso de la fuerza y la responsabilidad de los grupos armados. El debate impacta en las aulas, medios y política.
El estado del arte. A la fecha, la discusión permanece abierta. No hay consenso sobre las hipótesis presidenciales, y los testimonios citados por Gaona siguen siendo el eje de su refutación pública.
Colegios de abogados, investigadores y entidades de memoria proponen mesas técnicas para ordenar la discusión y evitar que el aniversario derive en ruido. Plantean contrastar testimonios y peritajes con estándares de verificación.
Desde sectores afines al Gobierno, insisten en que debatir los relatos oficiales no equivale a negar responsabilidades, sino a examinar zonas grises. El intercambio promete escalar en medios y escenarios académicos.
El pulso por el Palacio de Justicia seguirá marcado por la evidencia que cada parte ponga sobre la mesa. Sin pruebas nuevas, la narrativa difícilmente cambiará.
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