Segunda persona procesada por el homicidio del 31 de octubre.
El 10 de noviembre de 2025, Ricardo González se entregó en la URI de Canapote (Cartagena), donde el CTI hizo efectiva la orden de captura por su presunta participación en el homicidio de Jaime Esteban Moreno, ocurrido el 31 de octubre en Barrios Unidos (Bogotá). La Fiscalía anunció que se surtirán, en cadena, los pasos de legalización, imputación y solicitud de medida de aseguramiento ante un juez de control de garantías.
En la legalización de captura, el juez verificará que la aprehensión cumpla requisitos constitucionales. Si se supera este filtro, vendrá la imputación: la Fiscalía formulará cargos y describirá la conducta investigada, con apoyo en elementos materiales recolectados hasta ahora.
Acto seguido, la Fiscalía podría solicitar medida de aseguramiento. Para decidir, el juez valorará peligro para la comunidad, riesgo de fuga y posible obstrucción a la justicia. La entrega voluntaria puede ponderarse, pero no elimina la necesidad de proteger a la sociedad si la gravedad del hecho y la evidencia lo justifican.
El acervo probatorio se centra en videos, testimonios, registros de movilidad y dictámenes de Medicina Legal que correlacionen lesiones y mecanismo de agresión. La hipótesis de acción grupal exigirá identificar roles y niveles de responsabilidad (autoría, coautoría o participación).
La presencia de dos personas procesadas abre la puerta a versiones cruzadas, contradicciones y eventuales colaboraciones. La Fiscalía deberá blindar la cadena de custodia y asegurar la integridad de los dispositivos y archivos de video.
Si la medida de aseguramiento resulta restrictiva (por ejemplo, detención preventiva), la defensa podrá apelar. Si el juez opta por una medida no privativa (como presentaciones periódicas), la Fiscalía podría insistir en el riesgo con nuevos elementos.
Tras esta fase inicial, el caso tramitará la acusación y preparatoria, donde se depuran pruebas para juicio. El control sobre testigos y la reproducción de videos en audiencia serán determinantes para la valoración judicial.
En paralelo, equipos de Policía Judicial complementan la reconstrucción de la línea de tiempo del 31 de octubre. La clave será conectar presencia, acción y resultado con un estándar probatorio que supere la duda razonable.
La opinión pública seguirá de cerca las decisiones, mientras familiares de la víctima piden celeridad y reparación. El proceso mantiene reserva para proteger la investigación y los derechos de las partes.
Para penalistas consultados, el caso podría convertirse en referente sobre gestión probatoria en agresiones colectivas: cámaras y peritajes son decisivos. La defensa, por su parte, insistirá en arraigo, colaboración y en la ausencia de prueba directa de autoría individual.
Institucionalmente, la entrega en Cartagena obliga a coordinar traslados y a velar por la seguridad de los procesados. El desenlace de la medida de aseguramiento enviará una señal sobre el umbral de riesgo que consideran los jueces en casos de alto impacto social.
El expediente avanza con un segundo procesado bajo custodia. En las próximas audiencias se definirá el marco de restricción y la teoría del caso que llegará a juicio.
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