Lo que dijeron usuarios, clínicas y autoridades locales.
Semana 1. El expresidente Álvaro Uribe difunde un mensaje en el que sostiene que se encontró “contabilidad falsa” en la Nueva EPS y llama a una marcha nacional el 21 de enero. La declaración se vuelve tendencia y activa respuestas de líderes del Gobierno y de la oposición.
Semana 2. La discusión aterriza en las regiones. En Antioquia y el Eje Cafetero, asociaciones médicas piden cronogramas claros de pago. En el Caribe, usuarios reportan demoras en autorizaciones. En Bogotá, concejales solicitan a la Supersalud reportes comparables pre y post intervención.
Semana 3. La Superintendencia ratificó que la intervención busca proteger a los afiliados y estabilizar cuentas. Clínicas medianas hacen llamados a evitar que el debate político afecte el giro oportuno a prestadores. Se anuncian mesas de seguimiento con entidades territoriales.
Semana 4. Voceros de la oposición afinan logística para la movilización. Hablan de “protesta pacífica” y de llevar “el voto en la mano”. En redes, la conversación se cruza con críticas a la política hacia Israel, que la oposición vincula a riesgos económicos. El Ejecutivo sostiene que su hoja de ruta respeta DD. HH. y sostenibilidad.
Semana 5. Organizaciones de pacientes reclaman garantías de atención: entrega de medicamentos, continuidad en tratamientos de alto costo y respuesta a tutelas. La Nueva EPS pública piezas informativas sobre canales de servicio y compromisos de pago con su red.
Semana 6. Académicos de salud pública proponen un pacto técnico: auditorías independientes, tableros abiertos de cartera a IPS y sanciones si se demuestra manipulación contable. Señalan que la incertidumbre crónica daña la confianza y encarece la operación del sistema.
Semana 7. En ciudades intermedias del Pacífico y Llanos, alcaldías coordinan planes para que la jornada de protesta no interrumpa vacunación ni atención prioritaria. Se acuerdan rutas de desvío y horarios de contingencia con secretarías de salud.
Semana 8. El clima previo al 21 de enero se calienta: gremios, sindicatos y asociaciones de usuarios fijan postura. Hay llamados a mantener canales abiertos y a evitar bloqueos de servicios críticos. La conversación pública gira en torno a pruebas y responsabilidades.
Día de la movilización. Observatorios ciudadanos y veedurías anuncian monitoreo de posibles incidentes. Para el Gobierno, la prioridad es garantizar orden público y atención; para la oposición, mostrar capacidad de convocatoria y sostener el relato sobre la crisis de la salud.
Lo que viene. Si los entes de control confirman irregularidades contables, la ruta incluirá sanciones, correcciones de gestión y transparencia reforzada. Si no, el foco deberá moverse a la ejecución: pagos, redes integrales y reducción de barreras de acceso. En todo caso, el sistema necesitará datos abiertos y rendición de cuentas.
Las reacciones oficiales y sociales se concentrarán en tres ejes: pruebas, atención y seguridad en la jornada. Las autoridades locales preparan balances rápidos y los prestadores piden blindar servicios esenciales. En paralelo, la conversación internacional seguirá asomando por los roces diplomáticos, con efectos en la percepción del país.
La historia no termina el 21 de enero: después vendrán los cuadros de ejecución y los resultados en salud que, al final, son los que la ciudadanía usa para evaluar. El termómetro se moverá entre la calle y los indicadores del sistema.
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