Documentos citan al detenido en una firma asesorada por la víctima.
La operación en Llanogrande, que terminó con la captura de una mujer rusa y su pareja, movió la brújula de una investigación por ciberextorsión. Los órganos de seguridad les atribuyen vínculos con la estructura “Red-Dot”, señalada de presionar a empresarios y cobrar en activos digitales.
El caso tomó una dimensión mayor cuando, al revisar antecedentes, investigadores hallaron coincidencias documentales entre el nombre del detenido y papeles de la sociedad El Arrozal y Cía. S.C.A., asesorada por el abogado Roberto Franco Charry antes de su asesinato en el Parque de la 93. Desde entonces, los equipos incautados son la clave.
La estrategia de los peritos es trazar el dinero. Primero, identificar direcciones de billeteras y etiquetas comunes. Luego, establecer si hubo “peeling” de fondos y si estos tocaron pasarelas con verificación de identidad. El objetivo: convertir alias digitales en identidades físicas y tiempos verificables.
Una segunda capa busca patrones en chats y correos: guiones de presión, listas de objetivos y cronogramas. Si la cronología de contactos o pagos coincide con picos de tensión empresarial o con movimientos societarios, se abre una línea de móvil económico susceptible de judicialización.
El expediente del Parque 93 avanza por cuerdas separadas, con procesados y líneas previas que no dependen del operativo en Antioquia. La conexión, por ahora, no es causal sino contextual. La Fiscalía ha insistido en que cualquier cruce debe sustentarse en evidencia técnica y no sólo en coincidencias nominales.
La defensa de los capturados recalca que los hechos que se les endilgan son de carácter digital y que no existe prueba directa que los vincule con actos de violencia. Asegura además que la aparición en documentos societarios no convierte a nadie en responsable de delitos ajenos.
En la región, autoridades locales y nacionales refuerzan pedidos de cooperación internacional con exchanges y proveedores de mensajería cifrada. La experiencia comparada muestra que, incluso con mezcladores y triangulación, es posible reconstruir rutas cuando hay persistencia y órdenes judiciales.
Gremios de empresarios recomendaron planes de continuidad de negocio y simulaciones de crisis por filtraciones, además de pautas para conservar evidencia: capturas de pantalla, encabezados de correo y direcciones de wallet para entregarlas a las autoridades.
El ambiente en Llanogrande es de discreción. Vecinos del sector, acostumbrados a la tranquilidad, prefieren no hablar. La residencia allanada quedó como un recordatorio de que el crimen organizado también aprende a moverse en entornos de lujo y baja exposición.
En términos judiciales, los próximos hitos serán la extracción y análisis de datos, la validación de propietarios de wallets y el eventual cruce con comunicaciones o viajes. Si todo encaja, la narrativa de “Red-Dot” podría robustecerse; si no, el caso por ciberextorsión seguirá su curso sin tocar el expediente de Bogotá.
Las consecuencias potenciales abarcan nuevas capturas, cautelas sobre activos digitales y solicitudes de información a nivel internacional. También un efecto pedagógico: más denuncias y menor disposición a pagar ante presiones anónimas.
El cierre, de momento, es abierto: los forenses tienen la palabra y las coincidencias deben probarse con hechos y tiempos. Hasta entonces, la conexión entre Llanogrande y el Parque de la 93 es un hilo en evaluación.
About the Author
