Líderes locales piden atención integral y verificación independiente.
En las riberas del Guaviare, la noticia llegó con vibración en las ventanas y teléfonos que no siempre tienen señal. El bombardeo contra una estructura del EMC reabrió una discusión que en Bogotá se vive en redes, pero que en el territorio se siente en escuelas intermitentes, puestos de salud lejanos y caminos que desaparecen con la lluvia.
El presidente Gustavo Petro defendió la operación como una decisión para proteger a 20 soldados ante una amenaza inminente. La representante Cathy Juvinao replicó que el Gobierno perdió el control del mapa de seguridad y advirtió incoherencias con la promesa de paz. Entre tanto, las familias del borde selvático reorganizaron rutinas y verificaron quién estaba ilocalizable.
En los caseríos, maestros describen clases suspendidas por horas mientras se recuperaba la calma. Comerciantes reportaron cierre de tiendas y menor tránsito fluvial. Campesinos temen nuevos choques y piden claridad sobre rutas seguras. Las juntas de acción comunal insisten en que, además de operativos, necesitan carreteras, formalización de tierras y proyectos productivos.
La Defensoría del Pueblo encendió alarmas al reportar que entre los fallecidos habría menores reclutados. Para líderes comunitarios, esa realidad no es una estadística, sino el rostro de adolescentes que alternan labores domésticas con riesgos de cooptación por economías ilegales. La prioridad, dicen, es cortar las cadenas de reclutamiento con oferta educativa y empleo juvenil.
Desde la Fuerza Pública se subraya que la operación buscó neutralizar una amenaza concreta y evitar una tragedia mayor. Mandos locales recuerdan que el control del terreno exige golpes quirúrgicos y presencia sostenida: patrullajes, justicia móvil, inversión social y coordinación con alcaldías y gobernación.
Organizaciones de derechos humanos pidieron una verificación técnica independiente que determine circunstancias de tiempo, modo y lugar. También solicitaron atención psicosocial, rutas de búsqueda, censo de afectados y una mesa de seguimiento con participación comunitaria y veedurías.
El debate nacional llegó a los concejos municipales. Concejales y personeros reclamaron conectividad, transporte escolar y seguridad jurídica para productores. “La paz aquí se firma con empleo y Estado presente”, resumió un líder veredal durante una reunión improvisada en el coliseo local.
En paralelo, comerciantes y transportadores propusieron un corredor humanitario temporal para garantizar abastecimiento, mientras autoridades sanitarias revisan la capacidad de respuesta en puestos y hospitales de referencia. La educación, dicen, no puede seguir a merced del clima y del conflicto.
En la agenda de corto plazo, se esperan comités de orden público con enfoque territorial y presencia de entidades nacionales. A mediano plazo, la discusión deberá traducirse en presupuestos, indicadores y obras que den señales de cambio perceptible en la vida diaria.
El Congreso alista debates de control sobre reglas de enfrentamiento y protocolos para evitar daños a civiles. Gobernaciones y alcaldías presionan por recursos para vías terciarias y programas de prevención del reclutamiento. Plataformas ciudadanas organizaron veedurías para vigilar la implementación de compromisos.
El Gobierno anunció que mantendrá operaciones contra estructuras armadas y, en paralelo, priorizará inversión social y judicialización de economías ilícitas. La Defensoría pidió garantías para líderes que acompañan a familias en el territorio.
Guaviare recuerda que la seguridad no se resuelve solo con acciones militares ni con trinos: requiere un Estado que se quede y transforme. Mientras avanzan verificaciones y compromisos, las comunidades piden ser protagonistas de las decisiones que las afectan.
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