Oficios a Inpec, MinJusticia y Presidencia buscan la trazabilidad.
El 21 de junio de 2025, en La Alpujarra, se realizó un acto público de paz urbana. A la tarima subieron condenados provenientes de la cárcel de Itagüí con autorizaciones temporales. El gesto, presentado como símbolo de diálogo, encendió un debate nacional.
Semanas después, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara ordenó investigación previa al presidente Gustavo Petro, con el fin de verificar responsabilidades y procedimientos. El caso quedó bajo el expediente 6992 y se activó la búsqueda de pruebas.
Planeación del evento. Se indaga quién convocó, qué dependencias participaron y cómo se definió la logística.
Autorizaciones de salida. A Inpec se le solicitaron las resoluciones que permitieron el traslado de las PPL y su custodia.
Competencias. A MinJusticia se le pidió explicar su conocimiento y aval —si lo hubo— sobre los movimientos administrativos.
Ordenes internas. La Presidencia debe certificar instrucciones de Secretaría Privada, Jefatura de Gabinete o consejerías.
Evidencia audiovisual. RTVC y Canal Institucional allegarán la transmisión íntegra para cruzar tiempos y mensajes.
Seguridad y riesgo. Se examina la matriz de amenazas y el esquema de custodia durante el desplazamiento y el acto.
Gasto público. Se identificarán rubros: logística, seguridad, transporte y producción, así como su justificación.
Dimensión simbólica. Gobierno defiende la paz total; oposición y víctimas hablan de revictimización.
Escala internacional. El alcalde Federico Gutiérrez envió una carta a entidades de EE. UU., señalando riesgos de seguridad y el mensaje político del evento.
Siguientes pasos. Con las respuestas de las entidades, la Comisión decidirá si hay mérito para abrir instrucción o archivar.
La línea de tiempo busca separar hechos de interpretaciones. Primero, se verifican documentos y competencias; después, se evalúa el contexto político y social del gesto en Medellín.
En comparación con experiencias previas, Colombia ha desarrollado protocolos reservados para contactos con actores armados; la exposición pública de condenados en una tarima oficial es un elemento atípico que explica la magnitud del debate.
A partir del expediente 6992, el Congreso reconstruirá minutos, órdenes y firmas. Si todo se ajustó a la norma, el caso se archivará; si no, avanzará a etapas con posibles sanciones. Hasta entonces, la discusión seguirá marcada por datos verificables y procedimientos.
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