Hipótesis de delaciones cruza el expediente judicial.
Línea de tiempo: del primer golpe al caso ‘Secre’
Semana 1: capturas de proveedores e intermediarios en corredores de Urabá y Córdoba. Semana 2: allanamientos a bodegas y cristalizaderos con decomisos de insumos. Semana 3: caída de operadores financieros vinculados a pagos y logística portuaria. Semana 4: judicialización en Apartadó de alias ‘Secre’, señalado como articulador de cuentas y giros. El patrón: selectividad y foco en finanzas.
Urabá, Bajo Cauca y costa Caribe concentran rutas, acopio y salida. Las capturas en esas zonas buscan quebrar eslabones que conectan cultivo, procesamiento y exportación. La cooperación internacional aportó alertas sobre movimientos de dinero y personas, cruzadas con bases locales.
Según el expediente, ‘Secre’ habría cumplido funciones de tesorería regional para la subestructura ‘Juan de Dios Úsuga’, con acceso a listados de pagos, proveedores y enlaces de lavado. Su captura, dicen investigadores, es un golpe al know-how contable más que a la fuerza armada: afecta la memoria financiera del grupo.
Mientras tanto, en Doha (Catar), delegados del Gobierno y del EGC avanzaron en acercamientos. Para fuentes consultadas, la sincronía entre diálogos y operativos busca elevar costos de incumplimiento y ordenar incentivos para compromisos verificables. En la organización, crecen rumores de entregas internas; los voceros lo niegan.
Los expedientes incluyen testimonios de integrantes, trazas de transferencias y registros de criptomonedas. El análisis financiero permitió ubicar testaferros y bienes sujetos a extinción de dominio. En algunos casos, las diligencias contaron con apoyo de España, Francia y Estados Unidos.
Procesos previos en Colombia muestran que capturas masivas sin control sobre rentas derivan en relevo violento. En cambio, enfocarse en liquidez, logística y lavado eleva el costo operativo y acota márgenes de corrupción. La clave es sostener verificación independiente y metas territoriales.
Comerciantes de Urabá piden que el avance se mida en menos extorsión y reapertura de horarios. Líderes locales reclaman medidas de protección y oportunidades económicas que hagan duraderos los alivios. Sin indicadores públicos, el proceso pierde legitimidad.
La Fiscalía continuará con imputaciones y medidas cautelares sobre bienes. La Policía mantendrá vigilancia en zonas con riesgo de reacomodo. Se prevén nuevas órdenes de captura con fines de extradición si se confirman vínculos transnacionales.
Gremios y autoridades locales respaldan la asfixia financiera, pero piden evitar vacíos de poder que disparen la violencia. Organizaciones de víctimas exigen verdad y reparación dentro de cualquier fórmula socio-jurídica. El Gobierno, por su parte, insiste en que los beneficios dependerán de compromisos verificables.
La cronología deja una pista clara: golpear finanzas mientras se dialoga reordena incentivos. Si la línea de tiempo desemboca en menos presión sobre la ciudadanía, el proceso ganará respaldo; si no, volverá el reacomodo.
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