Reapertura gradual de pasos y cadenas logísticas.
El apoyo colombiano a una transición con garantías en Venezuela tiene un ángulo económico evidente: la frontera. Un giro político en Caracas permitiría estabilizar el comercio binacional, reducir los costos de seguridad y atraer inversión a los departamentos limítrofes.
La salida pactada, al disminuir la incertidumbre, mejoraría el riesgo país venezolano y, por arrastre, la percepción de riesgo fronterizo en Colombia. Sectores como agroindustria, transporte y retail podrían normalizar operaciones.
La transición también aliviaría la presión migratoria, permitiendo diseñar retornos voluntarios y programas de reintegración laboral. Para ciudades colombianas con alta recepción de migrantes, esto implicaría ajustes en salud y educación.
No obstante, sin una verificación robusta y calendario electoral claro, el proceso puede estancarse, manteniendo el freno a la inversión. El equilibrio entre garantías y responsabilidades será determinante.
Si la ruta prospera, Bogotá y Caracas podrían acelerar acuerdos logísticos y aduaneros, con impacto en empleo y recaudo local.
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