Milicia, FANB y logística: piezas de un rompecabezas incompleto.
El presidente Nicolás Maduro afirmó que hay “ocho millones de personas listas” para defender a Venezuela ante una eventual agresión de Estados Unidos. El anuncio se apoya en la Milicia Bolivariana y en redes de apoyo civil que el Gobierno presenta como columna de su “defensa integral”. ¿Qué hay detrás de ese número?
Primero, qué incluye: registros de milicianos, reservistas y cuerpos civiles de apoyo. Estas bases suelen inflarse por inscripciones acumuladas, no necesariamente depuradas por deserción, migración o inactividad. Por eso, los expertos distinguen entre “alistados” nominales y “fuerza disponible” con entrenamiento vigente.
Segundo, qué exige: para convertir millones en capacidad, se requieren ciclos de instrucción, dotación estandarizada, mandos interoperables y logística. La regla empírica indica que, al crecer el personal, la presión sobre suministros, sanidad, transporte y mantenimiento crece de forma acelerada, no lineal.
Tercero, qué limita: la demografía y la economía. El éxodo de venezolanos reduce la base local de jóvenes disponibles; la precariedad laboral compite con el tiempo para entrenar. Sin incentivos adecuados, los niveles de permanencia caen y el entrenamiento se desactualiza.
Cuarto, qué falta medir: indicadores públicos de horas de adiestramiento, disponibilidad de equipos, repuestos, comunicaciones y ejecución presupuestal. Sin ellos, la cifra de “ocho millones” es difícil de auditar y de traducir en poder real.
Quinto, qué implica para la disuasión: la amenaza creíble depende de capacidades verificables, no de números absolutos. Flotas con mantenimiento, unidades con práctica reciente y mandos cohesionados pesan más que padrones masivos y heterogéneos.
En el tablero regional, el anuncio eleva la retórica, pero no modifica el equilibrio si la capacidad efectiva no cambia. Washington mantiene presión diplomática y sanciones; Caracas responde con narrativa de fortaleza. En ese intercambio, los datos duros suelen quedar fuera del foco.
En suma, la cifra funciona como símbolo político de resistencia. Convertirla en fuerza real requeriría transparencia, profesionalización y presupuesto sostenido. De momento, las evidencias disponibles no muestran que esos ocho millones estén listos en términos operativos.
Sectores opositores señalaron que inflar padrones distrae de urgencias sociales y piden controles a los recursos destinados a la milicia. Académicos y ONG recomiendan auditorías independientes sobre entrenamiento y equipamiento para reducir la brecha entre retórica y realidad.
En el exterior, la declaración reactivó preguntas sobre estabilidad regional. Diplomáticos consultados insisten en desescalar mensajes y mantener canales de verificación que eviten malas interpretaciones.
El “8 millones” puede ordenar titulares, pero la defensa se mide en preparación y sostenibilidad. Sin pruebas auditables, el número queda en el terreno del símbolo. La conversación seguirá mientras no haya datos claros.
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