Equipos y combustibles fueron neutralizados en Puerto Santo.
La vereda Puerto Santo, en Cáceres (Antioquia), fue escenario de una operación que apunta tanto a la seguridad como al ambiente. Tropas del Ejército con apoyo del CTI intervinieron ocho unidades mineras ilegales y destruyeron cinco excavadoras usadas para remover sedimentos en franjas cercanas a fuentes hídricas.
Además, se inutilizaron tres motores, tres motobombas, cinco clasificadoras, 1.600 metros de manguera y 1.360 galones de ACPM, con un avalúo total superior a $3.000 millones. Las autoridades atribuyen estos frentes a una red bajo influencia del Clan del Golfo.
El Bajo Cauca ha padecido una transformación acelerada por la extracción aurífera ilícita: deforestación, erosión de orillas y lagunas turbias que permanecen años. Al destruir maquinaria amarilla, se corta el ciclo de remoción que mantiene suspendidos los sedimentos y turbidez en el agua.
La reducción de ruido y combustión en campo implica también menos material particulado y derrame de hidrocarburos. Aunque en este operativo no se reportó mercurio, expertos recuerdan que el ACPM y los aceites de motores contaminan suelos y microhábitats, con riesgos indirectos para la salud pública.
En San Lorenzo (Cáceres), un operativo reciente estimó una capacidad de 12.000 gramos de oro al mes e ingresos por $5.000 millones para las redes ilegales. Ese nivel de extracción implica cientos de horas de maquinaria y consumo continuo de combustibles, un impacto acumulativo que este nuevo golpe busca desacelerar.
La Brigada contra la Minería Ilegal y el Batallón 31 aplicaron protocolos de destrucción controlada para impedir reutilización de equipos en otros afluentes. La logística de reposición —excavadoras, mangueras, combustible— se encarece y desincentiva la reapertura inmediata de tajos.
El beneficio ambiental, advierten especialistas, se consolida si se acompaña de restauración ecológica: cierre de cráteres, reconformación de suelos, revegetalización y monitoreo comunitario de riberas. Sin ese componente, la recuperación puede ser lenta y vulnerable a nuevos frentes.
A nivel de cadena de valor, la trazabilidad y las compras responsables de oro son determinantes: si el metal sin origen certificado sigue encontrando mercado, las redes reinvierten en maquinaria y reactivan la presión sobre el territorio.
Autoridades departamentales celebraron la reducción del riesgo ambiental y la afectación a las finanzas del Clan del Golfo. También reiteraron llamados a la Fiscalía y a alcaldías para fortalecer control territorial y judicialización de propietarios y financiadores.
Organizaciones sociales pidieron alternativas productivas para trabajadores informales, inversiones en agua y saneamiento y educación ambiental en el Bajo Cauca. Sostienen que, sin oportunidades legales, la presión por volver a los frentes persistirá.
El golpe en Puerto Santo ofrece una ventana de respiro al río Cauca y a las comunidades aledañas. Mantener ese respiro exige presencia estatal, restauración y mercados que premien la legalidad.
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