La gobernabilidad fiscal depende del consenso político.
El “archivo digno” colombiano dialoga con la experiencia regional: cuando un paquete amplio enfrenta resistencia, los gobiernos fragmentan la agenda fiscal. México y Chile han privilegiado eficiencia y evasión; Perú y Argentina alternaron selectivos temporales. La constante es la búsqueda de equilibrio entre caja y costo político.
En el Congreso colombiano, el Senado empuja el archivo y la Cámara explora una supervivencia recortada. Esa dinámica reproduce el dilema de la región: ¿es mejor un gran ajuste impopular o varios pequeños sostenibles? El mercado suele preferir la segunda opción si es creíble.
Para Colombia, la alternativa de una ley de financiamiento con recaudo acotado encaja en el patrón regional. Beneficios transitorios para regularización y conciliación judicial han sido usados como puente mientras se activan medidas de eficiencia del gasto.
La progresividad es otro punto de convergencia: los hogares de menores ingresos deben quedar protegidos. Un consenso mínimo en Colombia incluiría blindajes sociales, combate a la evasión y selectivos calibrados.
Reacciones y consecuencias
Empresarios piden estabilidad y reglas claras; organizaciones sociales, protección del ingreso. En el plano internacional, los analistas observan la trayectoria del déficit y la capacidad de ejecutar un ajuste ordenado.
La salida del limbo pasa por un acuerdo político que priorice medidas viables y graduales. La lección regional es clara: pactos realistas, pocas piezas, impacto medible.
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