El Ejército revisa protocolos y custodia de armas.
26 de noviembre, noche. Personal del Cantón Norte reporta detonaciones en el área del batallón Córdoba. Al acudir al lugar, hallan sin vida a la subteniente María Camila Mora y al capitán Pablo Andrés Masmela dentro de un vehículo estacionado. De inmediato se activa el protocolo de cadena de custodia y llega el CTI de la Fiscalía.
27 de noviembre, madrugada. En el automóvil se incauta un arma de fuego. Posteriormente, en diligencia de inspección a los espacios del capitán, se encuentran dos armas adicionales en su habitación. El general Luis Emilio Cardozo confirma los hallazgos y la apertura de trazabilidad para verificar propiedad y amparo legal.
27–28 de noviembre. Se ordenan pruebas de balística comparativa para establecer si una de las tres armas coincide con las vainillas y trayectorias dentro del vehículo. Al mismo tiempo, se citan a declarar uniformados que estuvieron cerca del punto de los hechos y personal que compartía turno con los oficiales.
Día 3. Investigadores consolidan una línea de tiempo con registros de ingreso, cámaras internas y comunicaciones previas. Surge como elemento relevante el testimonio de una subteniente que habría presenciado o escuchado momentos cercanos al suceso, clave para aclarar secuencia y motivación.
Día 4. Con la hipótesis de posible feminicidio, la Fiscalía cruza el contexto de una relación sentimental entre los oficiales con indicadores de violencia de pareja: mensajes, discusiones previas y señales de alerta no escaladas. Peritos en psicología forense valoran el entorno emocional de ambos.
Día 5. El Ejército revisa su manual de porte y almacenamiento de armas personales dentro de instalaciones y reitera la existencia de la Línea de la Vida #234 y equipos de apoyo psicológico. Organizaciones civiles exigen auditoría externa a los procedimientos internos.
Día 6. Se profundiza en números de serie y rutas de abastecimiento para confirmar si alguna de las armas fue modificada o si hay compras registradas a nombre del oficial. La trazabilidad es insumo central para delimitar responsabilidades y descartar hipótesis accesorias.
Día 7. Se integran resultados preliminares de residuos de disparo (GSR), ubicaciones relativas dentro del vehículo y distancias de disparo. Con ello se intenta establecer si hubo forcejeo, si existió disparo a corta distancia y el orden de los hechos.
Día 8. La investigación entra en etapa de consolidación probatoria. La Fiscalía define si formula imputaciones con base en la evidencia técnica y testimonios, o si requiere nuevas diligencias. Paralelamente, la Justicia Penal Militar coordina con la justicia ordinaria para evitar solapamientos.
Día 9 y siguientes. Se esperan informes finales de balística y criminalística, así como decisiones sobre medidas institucionales: reforzar evaluaciones psicosociales periódicas, mejorar alertas tempranas y limitar el porte personal en áreas de descanso.
La secuencia verificada hasta ahora sostiene que el hallazgo de tres armas reorientó la investigación hacia la procedencia y uso de cada una. Las preguntas abiertas se concentran en legalidad, almacenamiento y respuesta institucional ante señales de riesgo.
Especialistas consultados insisten en protocolos con enfoque de género, canales confidenciales y entrenamiento en prevención de feminicidios para todo el personal. El caso podría convertirse en un precedente para revisar estándares de custodia y bienestar.
El proceso exige evitar conclusiones anticipadas y preservar la transparencia. La verdad judicial dependerá de la fortaleza de la prueba técnica y de una cronología sin vacíos.
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