Qué piezas movieron a la Procuraduría y qué falta por resolver.
2024 — Incautaciones y archivos. Autoridades obtienen material de la estructura de alias ‘Calarcá’, incluidos chats, audios y correos que, según publicaciones, vinculan a funcionarios con posibles filtraciones sobre operativos en Antioquia y Catatumbo.
Primer semestre de 2025 — Escalada mediática. Investigaciones periodísticas revelan partes del material digital y detonaron alertas sobre la exposición de información sensible. Los implicados rechazan las versiones y piden verificar la autenticidad de los archivos.
Segundo semestre de 2025 — Apertura disciplinaria. La Procuraduría inicia indagación preliminar para identificar si hubo faltas gravísimas asociadas a divulgación de información reservada, contactos indebidos o tráfico de influencias.
Noviembre de 2025 — Medida cautelar. El Ministerio Público decreta la suspensión provisional por tres meses, prorrogables de Juan Miguel Huertas (COPER) y Wilmar de Jesús Mejía (DNI), para proteger la prueba y evitar interferencias en la investigación.
El Ejército y la DNI designan encargos y revisan protocolos de manejo de información. El Gobierno anuncia peritajes forenses de los chats y soporte técnico para evaluar el origen y la integridad de los archivos.
Huertas ocupa un cargo estratégico en recursos humanos militares; Mejía es directivo de la DNI y había representado a la Presidencia en la Universidad de Antioquia, dignidad a la que presentó renuncia tras la polémica.
El caso tensiona la confianza en los circuitos de inteligencia y obliga a reforzar controles internos, trazabilidad de accesos y auditorías de sistemas. Aliados internacionales observan el desenlace por su impacto en cooperación y intercambio de información.
Organizaciones y analistas celebran el mensaje de control, mientras sectores opositores hablan de politización del caso. En medio, las víctimas del conflicto reclaman garantías para que la inteligencia no se use con fines irregulares.
Peritajes, descargos, posibles nuevas pruebas y decisiones de Fiscalía marcarán el cierre. El acento estará en la validez de la evidencia digital y en la responsabilidad disciplinaria o penal que se derive.
La cronología muestra un expediente en construcción que exige rigurosidad técnica y debido proceso. La suspensión abre una ventana para esclarecer qué pasó y quiénes respondieron por ello.
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