La Fiscalía apunta a concierto para delinquir, tráfico y lavado de activos.
La operación que terminó con 33 capturados no fue un golpe de un día. Según la investigación, meses de vigilancia y cruces de información permitieron perfilar dos clanes familiares que operaban un mercado “premium” de cocaína en el norte de Bogotá. La hipótesis fiscal une entregas a domicilio, fiestas con efectivo y rutas que tocan Meta y Santander.
La cronología del caso ofrece pistas sobre cómo se armonizó la evidencia: libretas con contabilidad, comunicaciones segmentadas y apartamentos usados como nodos logísticos. La captura de un exintegrante del CTI sumó un capítulo institucional al expediente.
Fase 1: Perfilamiento. Agentes empezaron con observación discreta en edificios residenciales del norte, donde se detectó un patrón de visitas de corta duración y entregas silenciosas. La baja exposición en espacio público llevó a escalar la estrategia hacia inteligencia electrónica y análisis de movilidad.
Fase 2: Vínculos. Con interceptaciones y seguimientos, los investigadores trazaron nodos y roles. Surgieron nombres clave: A.G.P., asociado a acopio y dosificación, y O.D.O., ligado a distribución y cartera de clientes. La compartimentación reducía riesgos y permitía reemplazos rápidos.
Fase 3: Logística y lugares. Suba (Colina Campestre) y Kennedy (Villa Alsacia) aparecieron como puntos de apoyo. Los inmuebles —según el expediente— se usaron para preparar producto, coordinar rutas y almacenar insumos. La evidencia material incluye teléfonos, SIM desechables y libretas con alias y montos.
Fase 4: Suministro. El abastecimiento habría llegado desde Meta y Santander, con una cadena que privilegiaba la calidad y la continuidad. La modalidad de “última milla” buscaba entregar cocaína de alta pureza a clientes de alto gasto, maximizando márgenes y evitando expendios visibles.
Fase 5: Lavado experiencial. Los informes ubican fiestas privadas y eventos sociales como escenarios de circulación de efectivo, útiles para dispersar ganancias y captar nuevas clientelas. El gasto suntuario operaba como fachada y como mecanismo de blanqueo.
Fase 6: Caída. Con órdenes de allanamiento, equipos ingresaron a los inmuebles señalados y capturaron a presuntos integrantes, incluido un ex-CTI. La jueza de control de garantías legalizó capturas y la Fiscalía imputó concierto para delinquir, tráfico y lavado. Las defensas negaron los cargos.
Fase 7: Lo que sigue. Peritajes de química forense, análisis de IMEI, georreferenciación de desplazamientos y perfiles financieros buscan consolidar la trazabilidad del dinero. Se prevén medidas de extinción de dominio sobre bienes que, según la Fiscalía, estarían vinculados a la actividad.
Implicaciones económicas. El caso refleja un mercado de nicho con precios superiores y baja huella pública, que exige investigación patrimonial más que incautaciones masivas. Para expertos consultados por autoridades, el impacto real se medirá en cortes de flujo de caja y desmantelamiento de activos.
La presencia de un exfuncionario entre los capturados reabre la discusión sobre protocolos internos y prevención de filtraciones. Se sugiere fortalecer controles de acceso a información, rotación de equipos y auditorías de contactos sensibles.
Instituciones investigativas subrayaron que la cooperación interagencial y el uso de analítica de datos son ahora la línea base para casos de “microtráfico premium”. Se llamó a copropiedades y administradores a reportar patrones anómalos que puedan apoyar la detección temprana.
Las defensas anunciaron que impugnarán medidas y cuestionarán pruebas técnicas. Colectivos ciudadanos pidieron que las acciones no deriven en estigmatizaciones de zonas ni en vulneraciones de garantías procesales.
La línea de tiempo del caso muestra que el éxito no estuvo en un solo allanamiento sino en una sumatoria de piezas: logística, finanzas y análisis tecnológico. El reto es sostener los controles y cortar la rentabilidad del esquema.
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