Distrito dice que 3 de cada 10 carros no están matriculados en la ciudad.
El plan del Distrito para restringir dos sábados al mes a los vehículos no matriculados en Bogotá llega con un incentivo adicional: encarecer en 50% el Pico y Placa Solidario para esas placas. La ecuación oficial agrupa movilidad y finanzas públicas: menos congestión y un recaudo más alineado con el uso de la infraestructura urbana.
La estrategia parte de un diagnóstico: tres de cada diez vehículos que ruedan en Bogotá no pagan matrícula en la ciudad. Según la administración, desde 2015 se dejaron de inscribir 241.000 automotores de forma local, lo que representa cerca de $1,1 billones en recaudo potencial no capturado para inversión en movilidad y control.
El recargo al Solidario para placas externas busca que los propietarios trasladen su matrícula a Bogotá, mientras la restricción sabatina reduce la presión en corredores de ocio y logística. Es una táctica de microeconomía pública: ajustar precios y restricciones para modificar comportamientos de circulación y formalización.
Con un costo mayor por permiso de circulación y menos horas disponibles los sábados, los dueños de vehículos con placa de otros municipios evaluarían traslado de matrícula o cambios de uso. Comerciantes de vehículos usados podrían anticipar revaluación de unidades con matrícula foránea si su público objetivo opera en Bogotá los fines de semana.
Sin coordinación metropolitana, la restricción puede desplazar congestión hacia linderos y vías de ingreso, afectando la productividad de trabajadores pendulares y cadenas de suministro de fin de semana. La efectividad requiere control y alternativas: transporte público suficiente, parqueaderos disuasorios y esquemas de carga escalonados.
El abogado Julián Prada anunció acción popular para frenar los lineamientos del PR30, alegando que la Ley 2199 de 2022 obliga a concertar medidas de impacto supramunicipal. Una suspensión cautelar generaría incertidumbre para hogares y empresas, con costos de adaptación diferidos a 2026 o más allá.
Para inversionistas locales, proveedores y startups de movilidad, la clave es la previsibilidad. Un calendario con fechas claras, reglas de excepción y datos abiertos sobre tráfico y contaminación permitiría medir resultados y ajustar la política sin shocks.
Si el plan logra migrar matrículas y ordenar la circulación sabatina, Bogotá podría mejorar ingresos y flujo vial. Si falla la coordinación regional o el control, el efecto puede ser neutro o adverso, con congestión desplazada y costos para pequeñas empresas dependientes del fin de semana.
La administración prevé iniciar en el primer semestre de 2026, con pedagogía, ajustes normativos y fortalecimiento de canales para excepciones y permisos. 2025 funcionaría como año de preparación, socialización y construcción técnica.
Gremios y comercios de fin de semana piden mesas de trabajo para evitar afectaciones en ventas, mientras usuarios de municipios vecinos reclaman rutas alternas y coordinación con Cundinamarca. El Distrito insiste en su competencia para regular tránsito interno y en los beneficios fiscales de alinear matrículas con uso real.
Si el Tribunal admite la acción popular y dicta cautelares, el mercado automotor y los hogares postergarían decisiones de traslado de matrícula y compra de permisos. Si la medida avanza, el ajuste de precios y tiempos se vería reflejado en el corto plazo.
El PR30 se moverá entre tres ejes: legalidad, coordinación y economía política. Con métricas claras y acuerdos regionales, la ciudad puede capturar recaudo y aliviar tráfico sin castigar la productividad. Sin ellos, el costo regulatorio crecerá
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