La demora en el decreto que reajusta la bonificación para 59.000 empleados judiciales se convirtió en un nuevo frente de presión para el Ejecutivo, que ahora enfrenta una advertencia explícita de la Contraloría.
La advertencia de la Contraloría sobre la bonificación judicial atrasada no se queda en un simple llamado técnico: se ha convertido en un nuevo factor de presión política para el Gobierno Nacional. El órgano de control puso en blanco y negro un problema que se venía incubando en silencio: el retraso en definir el reajuste anual de un beneficio salarial que afecta a 59.000 empleados del sector justicia y que, además, tiene un peso significativo en las cuentas oficiales del Ministerio de Hacienda.
El origen de la controversia está en el Decreto 383 de 2013, que creó una bonificación mensual para los servidores judiciales, atada a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Cada año, el Gobierno debe expedir un decreto que actualice su valor, pero en 2025 esa decisión no se tomó a tiempo, pese a que ya han transcurrido once meses del calendario. Para la Contraloría, ese retraso va más allá de un problema de trámite: refleja fallas en la planeación y ejecución de una obligación laboral conocida y previsible.
El pronunciamiento llega en un momento sensible para la política fiscal del país, marcada por la necesidad de cumplir con la regla fiscal, mantener la confianza de los mercados y financiar múltiples programas sociales. En este contexto, el hecho de que una bonificación legalmente establecida para un sector tan sensible como el judicial no haya sido actualizada a tiempo envía una señal contradictoria sobre las prioridades del Ejecutivo y su capacidad de anticipar el impacto presupuestal de sus compromisos.
La Contraloría advirtió que el impago oportuno del reajuste abre la puerta a reclamaciones administrativas, tutelas y demandas masivas. En otras palabras, una decisión que debió tramitarse de forma ordinaria podría terminar discutiéndose en los estrados, con el Estado en el banquillo, enfrentando órdenes judiciales de pago de retroactivos, intereses y eventualmente condenas por daños. Esa posibilidad, además de encarecer la cuenta para las finanzas públicas, tiene un costo político evidente: proyecta la imagen de un Gobierno que solo corrige el rumbo cuando ya ha sido demandado.
En el plano estrictamente fiscal, el organismo de control fue más allá y habló de pasivos contingentes y ciertos, capaces de comprometer el equilibrio presupuestal de Hacienda y de vigencias futuras. El riesgo es claro: si el reajuste se reconoce tarde, el Gobierno deberá financiar de una sola vez un retroactivo que se fue acumulando mes a mes, mientras en su planeación anual no se registraba el verdadero costo de esa bonificación. El vacío entre lo presupuestado y lo que realmente debe pagarse se traduce en presión sobre el gasto y, eventualmente, sobre otras prioridades del presupuesto nacional.
El caso también reabre la discusión sobre la forma en que se administran los compromisos salariales con el sector público. La bonificación judicial no es una novedad ni un beneficio improvisado, sino una obligación que el Estado conoce desde hace más de una década. Por eso, la demora en su reajuste genera cuestionamientos sobre la coordinación entre el Gobierno central, el Ministerio de Hacienda y las entidades del sector justicia, que ya habían advertido la necesidad de contar con los recursos y con el decreto para no cerrar el año con deudas pendientes.
En términos políticos, la alerta de la Contraloría significa que el Gobierno ya no solo responde ante los empleados judiciales y sus organizaciones gremiales, sino también ante un órgano de control que documentó el riesgo y lo hizo público. La forma en que el Ejecutivo resuelva el tema, la rapidez con la que defina el reajuste y la manera en que lo incorpore en su planeación fiscal serán claves para medir su capacidad de gestión y su voluntad de cumplir puntualmente con los compromisos laborales del Estado. El desenlace de este episodio marcará un precedente para futuras discusiones sobre gasto público, reglas fiscales y derechos salariales en Colombia.
La controversia por la bonificación judicial atrasada se convirtió en una prueba de fuego para la gestión fiscal y política del Gobierno. La advertencia de la Contraloría, las presiones del sector justicia y el riesgo de demandas masivas obligan al Ejecutivo a tomar decisiones rápidas y transparentes. Resolver el reajuste dentro del año fiscal, sin comprometer la regla fiscal, será clave para recuperar la confianza de los empleados judiciales y demostrar que el Estado puede honrar sus obligaciones salariales sin crear nuevos huecos en las finanzas públicas. El caso deja una lección clara: la planeación del gasto no puede ignorar compromisos laborales estructurales, especialmente cuando el control fiscal y la opinión pública están mirando de cerca.
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