Lo que falta por aclarar: pagos, cesiones y soportes.
El Caribe se volvió el mapa del caso. En Puerto Colombia está la casa en Lagos de Caujaral donde vive el ministro Armando Benedetti con un leasing que habría sido cedido por el empresario Ricardo Leyva. En Santa Marta se firmó y ejecutó un contrato por $7.968 millones para un concierto estatal previo a la cumbre CELAC–UE, adjudicado a la empresa de Leyva. Con esos dos puntos, la Fiscalía abrió una indagación preliminar.
El 23 de octubre se suscribió el contrato cultural con Ave Fénix Entretenimiento S. A. S. La ejecución corrió a contrarreloj, en vísperas de la llegada de delegaciones internacionales. El gasto fue cuestionado por sectores políticos y vendedores locales que pidieron conocer estudios previos y análisis de mercado.
A inicios de noviembre, la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema, ordenó un allanamiento en una residencia vinculada al ministro por un proceso distinto al de años anteriores. El episodio elevó el ruido político, con respuestas airadas del funcionario y llamados al respeto institucional desde distintos frentes.
El 14 de noviembre, la Fiscalía confirmó la apertura de indagación preliminar para verificar si el negocio inmobiliario y la relación con el empresario guardan independencia de decisiones públicas. Por su fuero, el caso lo conduce un fiscal delegado ante la Corte.
En Barranquilla y Santa Marta, voces ciudadanas y gremiales pidieron transparencia total: publicación de contratos, actas y soportes del concierto; y claridad sobre la cesión del leasing. Para comerciantes y hoteleros, los eventos masivos dinamizan la economía, pero deben pasar el test de legalidad y pertinencia.
Juristas consultados en la región advierten que ni el leasing ni la contratación directa son ilegales per se, pero se vuelven problemáticos si se demuestra quid pro quo. La Fiscalía seguirá la ruta del dinero y las comunicaciones, mientras las autoridades locales reportan su papel logístico en el evento.
El entorno geográfico también pesa. Lagos de Caujaral es un sector de alto perfil con costos de ocupación elevados. Santa Marta, por su parte, acogió un espectáculo de gran formato en un momento de estrechez fiscal nacional, lo que alimentó el debate sobre prioridades del gasto.
En lo político, el caso reaviva tensiones en el gabinete y en el Congreso. La oposición pidió suspender trámites de convenios con entidades del sector audiovisual hasta que se despejen dudas. El oficialismo insiste en la presunción de inocencia y en que la indagación es una fase preliminar, no una imputación.
En lo mediático, el expediente ha dominado titulares y redes en la región Caribe, con periodistas locales siguiendo la pista a la logística del concierto, los proveedores, los permisos y el impacto en la ciudad. La conversación pública, polarizada, exige más documentos y menos declaraciones.
Queda por ver si la indagación desemboca en investigación formal o archivo. La respuesta estará en la cronología fina, la trazabilidad financiera y los soportes técnicos del contrato. Por ahora, el Caribe es el tablero donde se mueven las fichas del caso Benedetti.
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