Propuestas con costos graduales y trámites simples.
Colombia cerró el trimestre julio–septiembre de 2025 con 55% de informalidad, el nivel más bajo en varios años. La tendencia, alentadora, plantea una pregunta inmediata: ¿cómo convertir el descenso en una política sostenida que cruce la barrera del 50% y reduzca brechas territoriales?
El indicador combina asalariados sin cotización y ocupados en unidades informales. Por eso, la solución es doble: más y mejor empleo formal en ciudades, y rutas de transición para micro negocios y trabajadores por cuenta propia que hoy no pueden asumir costos plenos ni trámites complejos.
Primer frente: costos y aportes graduales. Extender modelos de contribución proporcional al ingreso para salud y pensión, con pisos mínimos, facilita la entrada. Programas piloto muestran que cuando la factura es predecible y baja en la fase inicial, la permanencia en formalidad mejora significativamente.
Segundo frente: simplificación real. Ventanillas únicas con trámites 100% digitales, interoperabilidad entre DIAN, cámaras de comercio y cajas de compensación, y formularios de una sola página para inscripción, facturación y seguridad social. La meta es que abrir y formalizar un negocio no supere 24–72 horas.
Tercer frente: acompañamiento productivo. La formalidad se consolida cuando el negocio vende más. Municipios y departamentos pueden activar compras públicas a Mipymes que cumplan hitos (RUT, facturación, aportes), y articular con bancos públicos crédito de bajo costo ligado a metas de formalización.
En lo territorial, la clave está en Caribe urbano y rural disperso. Allí, los programas deben combinar mejoramiento de plazas de mercado, regulación de espacios para vendedores, formación corta en comercio digital y logística, y rutas de asociatividad para compras colectivas y negociación con proveedores.
El tamaño de empresa define la estrategia: en micro la informalidad es dominante, por lo que se necesitan escalones de cumplimiento; en medianas y grandes, el foco es la inspección y la subcontratación responsable que no traslade la informalidad a la periferia de las cadenas.
La brecha de género exige soluciones de cuidado: jardines y horarios extendidos, y aportes subsidiados para quienes retomen la cotización tras maternidad o interrupciones. Cerrar esa brecha mejora la tasa de participación femenina y eleva la base de cotizantes.
El entorno macro acompaña con desempleo a la baja frente a 2024, pero el riesgo de reversión existe si se enfría la demanda o suben costos no salariales. Por eso, el cronograma de reformas debe ser contracíclico: más apoyo cuando la economía pierde tracción, consolidación cuando acelera.
La coordinación nacional–local es determinante. MinTrabajo, MinComercio, DIAN y alcaldías pueden pactar metas trimestrales: número de micronegocios formalizados, afiliaciones nuevas y contratos de compras públicas. Los tableros abiertos elevan la rendición de cuentas y premian a quienes innovan.
El sector privado tiene un rol clave mediante encadenamientos y programas de proveedores: exigir facturación y seguridad social, pero al mismo tiempo financiar asistencia técnica para que los pequeños cumplan. La formalidad no se impone: se construye.
Si el país multiplica estas medidas, el 55% será el punto de partida de una década con más derechos, productividad y recaudo. La tarea es convertir el impulso estadístico en transformaciones cotidianas para millones.
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