Servidores piden auditoría y redistribución inmediata.
El plantón frente al búnker sintetizó un reclamo cuantificable: en algunos despachos se acumulan hasta 1.700 procesos, mientras otros manejan cerca de 60. Esa asimetría, aseguran, compromete tiempos de investigación, preparación de audiencias y acompañamiento a víctimas en delitos de alto impacto.
La carta elevada a la fiscal general Luz Adriana Camargo enumera tres urgencias: balancear cargas, revisar la supresión de los Gaulas en seccionales y garantizar que el traslado de fiscales a Crimen Organizado no debilite la reacción en territorio. Piden, además, metas medibles y reglas transparentes de movilidad interna.
El traslado de personal especializado buscó concentrar experiencia para macro casos. Funcionarios replican que, sin refuerzos en campo, la productividad puede caer: más archivos, más vencimientos de términos y demoras en audiencias clave para extorsión y secuestro.
Con cientos o miles de expedientes por fiscal, disminuye el tiempo de estudio por caso y la probabilidad de llevar las investigaciones a etapa de juicio con sustentos robustos. La brecha entre despachos alimenta la sensación de inequidad y desgaste.
La eliminación de los Gaulas en seccionales preocupa por su rol en articulación con Policía, Ejército, CTI y Armada. La base pide alternativas equivalentes: equipos móviles, puntos de contacto únicos y protocolos de activación rápida ante denuncias.
Asonal propone tableros trimestrales con indicadores de imputaciones, acusaciones, capturas, desarticulación de redes y tiempos de respuesta por delito. La transparencia, dicen, ayudaría a legitimar cualquier ajuste y a detectar cuellos de botella.
Más allá de gráficas, el reclamo aterriza en salas de espera y audiencias: víctimas que necesitan medidas de protección, empresas extorsionadas y familias que exigen respuestas. El equilibrio entre macro casos y atención territorial se vuelve condición mínima del servicio.
Los manifestantes recordaron el secuestro de agentes de la Dirección de Protección por parte del ELN, insistiendo en que la entidad debe priorizar acciones y resultados en este frente, coherentes con su política criminal.
Auditoría inmediata de cargas, redistribución por criterios objetivos, refuerzo de equipos en seccionales críticas y evaluación independiente de los efectos del rediseño en extorsión y secuestro. La participación de la base en el monitoreo sería un seguro de gobernanza.
Si la Fiscalía muestra avances con datos comparables y corrige desequilibrios, la reforma ganará legitimidad. Sin evidencias ni ajustes, el desgaste interno podría afectar metas y confianza ciudadana.
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