Lo que falta por resolverse en la justicia y en la institución.
La historia arrancó el 24 de octubre en Los Mártires, centro de Bogotá. Un procedimiento de rutina terminó en un hallazgo atípico dentro de un vehículo oficial: estupefacientes, dos placas falsificadas, un arma inhabilitada, dos armas de dotación, dos computadores portátiles y panfletos del ELN. El reporte activó protocolos de captura y cadena de custodia.
Ese mismo día fueron retenidos tres patrulleros —Cristian Uribe Niño, Gilberto Silva Dussan y Luis Carlos Bermúdez Rojas— y un civil, Jaime Alberto Salazar Jiménez, quien se desplazaba en una motocicleta con logos policiales y reporte de hurto. La novedad fue comunicada a Fiscalía para legalización de captura y formulación de cargos.
En audiencias posteriores, el ente acusador imputó por receptación, peculado por uso, falsedad marcaria, uso indebido de uniformes e insignias, destinación ilícita de muebles e inmuebles y tráfico de estupefacientes. Según la relatoría, ninguno aceptó cargos y la defensa cuestionó elementos de prueba y el alcance del procedimiento.
El juez impuso medida de aseguramiento intramural para los cuatro procesados, argumentando la necesidad de proteger la investigación, evitar obstrucción y mitigar riesgos de reincidencia. Con ello, el caso pasó a una fase de práctica probatoria y análisis pericial de los objetos incautados.
A partir de entonces, los investigadores han priorizado tres líneas: (1) trazabilidad de las armas de dotación, (2) origen y uso de las placas falsificadas, y (3) autenticidad y propósito de los panfletos. El peritaje digital sobre los portátiles busca esclarecer contactos, rutas y posibles instrucciones.
La duda pública se concentra en sí existió infiltración orgánica del ELN en la Policía o si se trató de oportunismo criminal con símbolos de alta resonancia. Especialistas señalan que, en ciudades, las milicias suelen operar en red, priorizando logística y propaganda antes que estructuras rígidas.
En paralelo, la Policía adelanta procesos disciplinarios para esclarecer responsabilidades administrativas: custodia de armas, uso de bienes oficiales y supervisión de personal. Este carril puede concluir con sanciones internas y recomendaciones de mejora en controles.
El contexto nacional condiciona la lectura del caso. Con el ELN en foco por hechos recientes y tensiones en la agenda de paz, cualquier artefacto propagandístico hallado en capitales multiplica efectos reputacionales. Por eso, las autoridades promueven transparencia en cada hito procesal.
Los siguientes pasos incluyen pericias balísticas, cotejos de seriales y marcaciones, revisión de metadatos y ampliación de testimonios. Si la Fiscalía alcanza suficiencia probatoria, vendrá acusación y luego juicio; si no, la ley prevé archivos o preclusiones parciales.
Más allá de su desenlace, la cronología ya dejó lecciones sobre integridad institucional y necesidades de auditoría. En los próximos días podrían definirse nuevas diligencias y eventuales vinculaciones.
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