Comunidades piden prevención diaria, no solo operativos.
El debate sobre los bombardeos con presencia de menores reabrió una pregunta clave: ¿qué funciona, de verdad, para reducir el reclutamiento infantil? Más allá de la controversia, las comunidades del suroccidente proponen una agenda concreta que combina seguridad con derechos, y que ha mostrado resultados en otros contextos.
La urgencia es evidente. Con 2024 cerrado al alza en casos verificados de reclutamiento y 15 adolescentes muertos en operativos entre agosto y noviembre de 2025, la conversación no puede quedarse en comunicados. Se requiere un plan con responsables, presupuestos y métricas en los seis departamentos más afectados.
1) Blindaje escolar integral
Escuelas con vigilancia perimetral, control de accesos, transporte seguro y protocolos ante intentos de cooptación. Asegurar alimentación escolar y actividades extracurriculares que aumenten permanencia.
2) Ingresos y empleo juvenil inmediato
Transferencias condicionadas, becas y empleos de emergencia para adolescentes en riesgo. La “oferta” armada pierde fuerza cuando hay alternativas laborales y vocacionales reales en la vereda.
3) Presencia institucional diaria
Puestos fijos de ICBF y Defensoría, equipos psicosociales y mesas comunitarias semanales. La intermitencia estatal alimenta el control armado; la constancia lo erosiona.
4) Inteligencia reforzada y protocolos operacionales
Validación cruzada de blancos, observadores jurídicos en tiempo real y rutas de evacuación cuando haya indicios de menores. Si hay dudas razonables, priorizar captura o aislamiento del objetivo.
5) Justicia restaurativa y reintegración
Atención diferencial para quienes salgan del conflicto: salud mental, educación flexible, reunificación familiar y garantías de no repetición. Sin esto, la rueda vuelve a girar.
6) Diálogo comunitario y control social
Guardias indígenas y afrocomunitarias como aliadas de protección, con rutas de denuncia seguras. Un liderazgo local cuidado reduce el reclutamiento y la estigmatización.
7) Medición pública y trazabilidad
Tableros abiertos con metas por municipio: escolares protegidos, jóvenes empleados, casos evitados y tiempos de respuesta. Lo que se mide, mejora.
El Ministerio de Defensa sostiene que las operaciones aéreas continuarán cuando “sean necesarias” y que la responsabilidad primaria es de quienes reclutan. Los territorios responden: “sí a la seguridad, pero con Estado completo en la escuela, la finca y la plaza”.
La evidencia internacional muestra que los picos de reclutamiento ceden cuando seguridad y protección social se implementan al tiempo y en el mismo lugar. No es una receta mágica, pero sí una combinación probada.
El reto es blindar presupuestos y ejecutar. Si los seis departamentos críticos reciben inversión sostenida y protocolos operacionales actualizados, el país podría ver una reducción en menos de un año. Sin eso, el ciclo de captación y respuesta seguirá dejando heridas difíciles de cerrar.
Colombia tiene la experiencia y las instituciones para hacerlo. La diferencia estará en la consistencia: proteger a la niñez todos los días, no solo cuando estalla una crisis. La agenda está sobre la mesa; ahora toca cumplirla.
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