Restituir, designar o acordar: opciones del CSU sobre la mesa.
El fallo del Consejo de Estado que anuló la elección de Leopoldo Múnera despejó la duda jurídica, pero abrió el desafío práctico: cómo ejecutar la sentencia sin paralizar a la Universidad Nacional. El foco pasa de la controversia legal a la gestión de una transición ordenada.
El criterio del tribunal fue claro: el CSU no podía corregir con un nuevo acto una decisión ya adoptada en marzo de 2024, cuando eligió a José Ismael Peña. Con eso, el primer acto recupera centralidad y obliga a definir el encaje institucional.
Paso 1. Sesión extraordinaria del CSU. Convocar de inmediato, con agenda y acta pública, para acoger la sentencia, trazar cronograma y comunicar lineamientos a decanos, consejos de sede y unidades administrativas.
Paso 2. Continuidad académica. Blindar calendario, evaluaciones, prácticas y apoyos estudiantiles. Un comité operativo con Vicerrectorías y Secretaría General debe emitir directrices para que ninguna sede suspenda procesos.
Paso 3. Transición administrativa. Auditar contratos, actos y nombramientos firmados bajo la administración saliente. Donde se requiera, aplicar convalidación y saneamiento dentro del marco legal para evitar vacíos de gestión.
Paso 4. Comunicación y diálogo. Abrir mesas con profesores, estudiantes y sindicatos para canalizar inconformidades sin bloquear servicios. Informes semanales sobre avance de transición y decisiones del CSU.
Paso 5. Claridad normativa. Revisar estatutos para precisar el peso de la consulta y los procedimientos de elección, evitando que interpretaciones futuras habiliten dobles actos o “correcciones” ex post.
Escenarios de rectoría. (a) Restitución de Peña, coherente con la validación del primer acto; (b) nueva designación que respete el fallo y responda al presente institucional; (c) encargo temporal mientras se completa la transición. Cada opción debe venir con fundamentación jurídica y plan de gobierno.
Riesgos a mitigar. Paros y asambleas podrían escalar si se percibe desconocimiento de la consulta. La respuesta pasa por participación con efectos (por ejemplo, pactar indicadores y compromisos de gobierno abierto) más que por promesas simbólicas.
Lecciones de la crisis. Autonomía es autogobierno con reglas. La sentencia refuerza que los órganos universitarios deben actuar con técnica jurídica y deliberación transparente, para que la legitimidad social no choque con la legalidad.
Señales del liderazgo. Quien asuma deberá presentar una agenda de primeros 100 días: normalización académica, inversión en bienestar estudiantil, transparencia contractual, y un pacto de campus que prevenga nuevas fracturas.
Colectivos afines a Múnera anuncian movilizaciones; piden que la consulta tenga incidencia real en futuras reglas. Aliados de la primera elección exigen acatar el fallo y restablecer la gobernanza de inmediato.
Desde el ámbito gubernamental y de exrectores se insiste en respeto a la autonomía con apego a la juridicidad, y en evitar que la transición afecte matrículas, becas y servicios.
La UNAL puede convertir una crisis en oportunidad si enlaza el fallo con reformas estatutarias, participación efectiva y gestión impecable del día a día. Con reglas claras, la rectoría dejará de ser un campo de batalla.
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