El Gobierno exige la liberación inmediata.
El secuestro de la profesora Janeth Rocío Osorio en Uribia, La Guajira, encendió alarmas sobre la seguridad del personal docente en territorios rurales dispersos. El Ministerio de Educación condenó el hecho y exigió su liberación inmediata, además de coordinación con Fiscalía y Policía para el rescate.
Más allá del repudio, actores educativos plantean medidas de choque: rutas seguras de traslado, acompañamiento policial en tramos críticos, horarios ajustados a condiciones del territorio y comunicación de emergencia en sedes apartadas.
La experiencia en La Guajira evidencia que la presencia institucional —incluida la Policía— y el trabajo con líderes locales fortalecen la prevención. Uribia, por su extensión geográfica y vías desérticas, requiere soluciones diferenciales y sostenidas.
Se propone, además, evaluación periódica de riesgo para equipos docentes, actualización de protocolos y formación en autoprotección y reporte seguro, sin sustituir el rol del Estado en la protección efectiva.
En el plano social, la articulación con autoridades indígenas y organizaciones comunitarias es clave para la información temprana, la disuasión y el acompañamiento a estudiantes y familias en coyunturas de crisis.
En lo judicial, la instrucción es clara: identificar y capturar autores materiales e intelectuales. Para ello, se requieren capacidades de inteligencia e investigación priorizadas y coordinación con la justicia.
En la escuela, medidas psicosociales y de continuidad pedagógica pueden mitigar el impacto en estudiantes, evitando deserción y pérdida de aprendizajes.
La comunidad de Uribia y del departamento pide garantías tangibles y seguimiento público a los compromisos, con indicadores de seguridad alrededor de sedes y rutas escolares.
La liberación de Janeth Rocío Osorio es la urgencia del momento. El desafío de fondo es blindar el derecho a educar y a aprender en territorios apartados con políticas que trascienden la coyuntura.
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