Claves para entender el proceso.
El choque en Puente Aranda, con una mujer fallecida y varios lesionados, activa una ruta jurídica conocida pero exigente en pruebas. La Policía y Criminalística realizan el levantamiento, fijación de escena y recolección de videos y testimonios; la Fiscalía asume la indagación preliminar.
Si se confirma alcoholemia positiva, la conducta del conductor podría encuadrarse como homicidio culposo agravado y lesiones personales. La magnitud de la pena y las sanciones administrativas dependerán del grado de embriaguez, la velocidad estimada y otras circunstancias.
La alcoholemia exige cadena de custodia estricta: dispositivo calibrado, registro de hora, protocolo de toma y custodia de muestras. La defensa y la representación de víctimas suelen disputar estos aspectos técnicos, por lo que la documentación correcta es determinante ante un juez.
En paralelo, las aseguradoras activan el SOAT para la atención inmediata de lesionados. La póliza de responsabilidad civil, si existe, entra en juego para cubrir daños a terceros y perjuicios, sin perjuicio de responsabilidad penal por parte del conductor.
Las víctimas (familiares y lesionados) tienen derecho a ser escuchadas, a recibir información del proceso y a la reparación integral. Pueden solicitar medidas de protección, asesoría jurídica y acompañamiento psicosocial. La cuantificación de perjuicios materiales y morales requiere peritajes.
El conductor investigado puede quedar vinculado formalmente mediante imputación. Según la evidencia, el juez de control de garantías puede definir medidas no privativas o privativas de la libertad. La colaboración con la investigación, el resultado de alcoholemia y antecedentes pesan en esas decisiones.
En el campo probatorio, la reconstrucción técnica del siniestro analiza trayectorias, deformaciones, huellas de frenado y tiempos semafóricos. La ubicación de los ocupantes y el uso de cinturón pueden incidir en la valoración del daño, pero no eximen la responsabilidad de quien incumple las normas.
De confirmarse la responsabilidad, el fallo puede incluir prisión, inhabilidades para conducir, suspensión o cancelación de la licencia y reparación a víctimas. La graduación de la pena contempla atenuantes como aceptación de cargos o colaboración.
Abogados consultados recomiendan a víctimas y deudos recopilar historias clínicas, facturas, constancias laborales y certificados de defunción. También insisten en la importancia de no pactar acuerdos apresurados sin asesoría y de mantener comunicación con la Fiscalía sobre el avance del caso.
El caso Puente Aranda recuerda que la justicia en tránsito combina técnica pericial, normas claras y enfoque en víctimas. La decisión final dependerá de lo que digan los informes y laboratorios.
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