¿Puede reemplazar la consulta? Lo que dicen los expertos.
Con la idea de elegir por encuesta al candidato único de la derecha y centroderecha antes del 10 de diciembre, la conversación saltó del terreno político al jurídico. El respaldo de Álvaro Uribe —quien calificó la propuesta como “generosa”— y la apertura de La U y Cambio Radical activaron comités para redactar un pacto de coaval y disciplina que evite fracturas.
El mecanismo aspira a sustituir la consulta de marzo con un acuerdo vinculante entre colectividades y campañas. La clave: que la legitimidad técnica de la medición se traduzca en fuerza obligatoria. Para ello, se proyecta una carta de aceptación previa y un documento de coaval que habilite el uso de logos y garantice un solo nombre en el tarjetón.
En materia de auditoría, el borrador propone múltiples encuestadoras, con muestras probabilísticas por región y publicación de microdatos bajo protocolos de anonimización. Una comisión académica haría contramuestras y validaría ponderaciones para blindar el resultado frente a cuestionamientos.
El cronograma es ajustado: diseño y pilotaje en la primera semana, campo intensivo y divulgación con fichas técnicas completas, todo en ventana de 7 a 10 días. Las campañas reconocen que el tiempo es un factor de riesgo, pero sostienen que la alternativa —llegar a marzo divididos— es más costosa.
Los partidos discuten sanciones por indisciplina: desde pérdida de respaldos y apoyos económicos hasta exclusión de listas. También se evalúa un árbitro independiente para resolver controversias en 48 horas, con reglas de impugnación limitadas a errores estadísticos demostrables.
En paralelo, se contemplan topes de gasto y pausas de propaganda durante el trabajo de campo, para evitar sesgos de cobertura y efectos de arrastre. La comunicación pública incluiría boletines simultáneos de todas las firmas, evitando filtraciones que den ventajas narrativas.
El antecedente del Movistar Arena —con el acto masivo de De la Espriella— actuó como catalizador. Las encuestas de noviembre mostraron un tablero competitivo y alto indeciso, lo que favorece soluciones que ordenen la oferta sin desgastarla en una primaria.
Expertos consultados destacan que la validez de un acuerdo de encuesta depende de su trazabilidad: dejar rastro de muestreos, bases y actas accesibles a terceros. Y recuerdan que la unidad programática es el complemento: un documento mínimo en seguridad, economía y reformas, para evitar coaliciones nominales.
El guiño de Uribe cumple una función de coordinación en el Centro Democrático y reduce la incertidumbre entre aliados; La U y Cambio Radical ven una oportunidad de negociar reglas antes de la campaña dura. Si el pacto prospera, diciembre cerrará con un nombre y un itinerario hacia 2026.
Si no hay humo blanco, el sector irá a marzo con consulta y el riesgo de que el ganador llegue tarde y con rivales ya posicionados. En cualquier escenario, el debate dejó al descubierto que técnica y derecho serán tan decisivos como las plazas y las encuestas.
La decisión está en fase de redacción y firmas. El tiempo corre y la política mide cada palabra del documento final.
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