Presidencia exige pruebas; Fiscalía define si abre indagación.
La decisión del MinDefensa de abrir investigación por presuntos nexos de funcionarios con disidencias tensiona dos objetivos: mantener la integridad institucional y sostener la hoja de ruta de la “paz total”. Presidencia negó de plano la acusación televisiva basada en “Calarcá” y pidió que cada afirmación llegue a la Fiscalía con evidencia.
Para expertos, el caso puede acelerar auditorías, estandarizar el uso de canales únicos de contacto y robustecer el archivo de decisiones sensibles. Si hay hallazgos, vendrán correctivos; si no, la oportunidad será reforzar la cultura de cumplimiento y comunicación pública basada en datos.
Tres impactos de corto plazo
Operativo: revisión de reglas de relacionamiento con actores armados. Institucional: fortalecimiento de control interno y coordinación con Fiscalía. Político: manejo del relato para no erosionar apoyo a la estrategia de seguridad.
¿Qué pide la ciudadanía?
Verdad con pruebas, tiempos razonables y resultados verificables. En regiones, líderes piden que nada afecte la protección a comunidades y que la investigación no frene operaciones contra economías criminales.
Lección comparada
Otros países han blindado procesos de paz con protocolos estrictos, auditorías en tiempo real y vocerías técnicas, reduciendo el margen de especulación y reforzando la legitimidad del Estado en medio de la negociación o el sometimiento.
La investigación en curso será termómetro de la capacidad estatal para auto-corregirse y comunicar certezas. Sea cual sea el desenlace, quedará una hoja de ruta para mejorar.
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