Prioridad: proteger firmantes y activar proyectos productivos.
El Gobierno anunció el retorno de la Consejería Presidencial para coordinar la implementación del Acuerdo de Paz con un énfasis territorial. El presidente Gustavo Petro reconoció que la Unidad de Implementación “no funcionó” y que la ejecución deberá acelerarse con un esquema de mando claro y metas visibles.
La Consejería se propone llevar la oferta del Estado a municipios PDET, donde las comunidades piden señales concretas: protección, tierra, vías, agua e ingresos. Según el diseño anunciado, habrá reportes trimestrales, responsables identificados y un tablero público para hacer seguimiento.
Territorios primero
La hoja de ruta prioriza la seguridad de firmantes y líderes sociales con presencia coordinada de instituciones, además de titulación masiva y proyectos productivos con asistencia técnica. Se buscará sincronizar la inversión de Defensa, Interior, Agricultura, Transporte y Planeación, para que la llegada del Estado sea secuencial y no fragmentada.
De la dispersión a la coordinación
La anterior Unidad no logró alinear ministerios ni destrabar contratos, lo que dejó proyectos sin arrancar. Con la Consejería, el Gobierno promete decisiones rápidas, reuniones de seguimiento semanales y solución de cuellos de botella en compras públicas y flujo presupuestal.
Puertas adentro y afuera
En la Casa de Nariño funcionará un comité de alto nivel para tomar decisiones intersectoriales. Hacia afuera, se fortalecerán los consejos de seguridad, las mesas PDET y los comités locales de justicia transicional, para alinear seguridad, inversión y justicia restaurativa.
Cooperación y control social
La estrategia convoca a cooperación internacional para cofinanciar proyectos productivos y bienes públicos rurales. La condición: datos abiertos, indicadores verificables y auditoría independiente. Las veedurías de organizaciones sociales y academia acompañarán la revisión de metas por municipio.
Entregables clave
El Ejecutivo promete resultados visibles: reducción de homicidios a firmantes, hectáreas tituladas, contratos PDET adjudicados y obras en ejecución. La Consejería publicará fichas por proyecto con cronogramas y responsables.
Riesgos a la vista
Sin presupuesto protegido, la coordinación podría quedarse corta. También pesan la rotación de equipos y las capacidades locales. El Gobierno afirma que blindará recursos y priorizará asistencia técnica para alcaldías y gobernaciones.
Señal a la Corte y a los territorios
La reactivación de la Consejería responde a los requerimientos de la Corte Constitucional y busca demostrar voluntad de cumplimiento. Para los territorios, el mensaje es que la paz no se medirá en documentos, sino en obras, títulos y seguridad.
Lo que dirá la ciudadanía
Comunidades, víctimas y firmantes celebran el enfoque territorial, pero piden que no sea cambio de rótulo. Exigen seguimiento público, presupuesto real y un protocolo de respuesta rápida ante emergencias de seguridad.
Las reacciones iniciales valoran el giro; la oposición insiste en medir por resultados, no por anuncios. Si la Consejería logra coordinar y ejecutar, la implementación puede recuperar ritmo donde más importa: en veredas y cabeceras municipales.
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