La militarización y la verificación, propuestas para proteger la cadena logística.
El llamado del Cauca a militarizar la Vía Panamericana y activar una misión internacional de verificación no es solo un debate de seguridad: es un salvavidas para la economía regional. En pocas semanas, la escalada de ataques alteró el tránsito de carga y pasajeros, con efectos inmediatos en costos logísticos, precios y empleo.
Cada cierre preventivo o hostigamiento se traduce en tiempos muertos, desvíos y aseguradoras más estrictas. El transporte de alimentos, insumos industriales y medicamentos enfrenta riesgos que encarecen fletes y comprometen la cadena de abastecimiento. Comerciantes y transportadores coinciden: el corredor necesita reglas claras y protección sostenida.
La Gobernación plantea siete medidas, entre ellas presencia militar estable en puntos críticos, prioridad a la misión médica, y coordinación interministerial en territorio. La intención es pasar de una lógica reactiva a un control territorial continuo que recupere la confianza de conductores, empresas y viajeros.
Para el agro, la seguridad de la Panamericana es decisiva. Retrasos en la salida de cosechas impactan ingresos de pequeños productores y elevan pérdidas por perecederos. En industria y comercio, la interrupción del flujo levanta sobrecostos que terminan trasladándose al consumidor final.
El turismo, que depende de la conectividad con el Valle y el eje cafetero, también sufre. Cancelaciones, modificaciones de rutas y percepciones de riesgo golpean a hoteles, restaurantes y guías. Una vía predecible es el requisito mínimo para reanimar reservas y eventos en Popayán y municipios vecinos.
La propuesta de verificación internacional agrega una capa de confianza. Al observar el cumplimiento del DIH y documentar afectaciones, puede facilitar decisiones basadas en evidencia y mantener el foco en la protección de civiles y trabajadores del sector salud y transporte.
Empresarios regionales plantean tableros públicos con indicadores: tránsito diario, tiempos de viaje, incidentes y atención a víctimas. Vincular metas de seguridad vial con incentivos a la inversión social y empleo juvenil podría crear un círculo virtuoso: más seguridad, más actividad económica y menos incentivos para la ilegalidad.
No faltan interrogantes. Organizaciones sociales piden que la presencia militar venga con protocolos estrictos, formación en derechos humanos y canales de queja efectivos. El equilibrio entre control y garantías será el termómetro de legitimidad de las medidas.
Con el reloj económico en contra, la expectativa es una respuesta que baje riesgos, normalice la movilidad y estabilice precios. Blindar la Panamericana es proteger bolsillo, empleo y vida.
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