Vivienda social en Colombia: del trámite al accionar comunitario
En ciudades como Medellín y departamentos como Antioquia, muchas familias esperan que la eliminación de la licencia de construcción —mediante el decreto 1166 del 4 de noviembre de 2025— les permita avanzar en la mejora de su vivienda con mayor rapidez.
El nuevo esquema de autogestión acaba con el trámite de la licencia tradicional para proyectos de mejoramiento y autoconstrucción, lo que podría dinamizar la inversión pública en vivienda en todo el país.
A la vez, la medida plantea un reto para los municipios como Medellín: garantizar que la calidad, la supervisión técnica y el ordenamiento urbano no se vean afectados en barrios populares ni en zonas de crecimiento residencial.
En Medellín, donde los planes de vivienda social son activos y numerosas remodelaciones se han planteado en barrios mayores, la nueva norma puede representar un acelerador de obra.
Con subsidios de hasta $31,3 millones por beneficiario y una inversión estimada de $12,5 billones en el programa nacional, el impacto local puede ser significativo.
Sin embargo, los municipios deben reforzar sus capacidades de registro, supervisión y acompañamiento técnico para que la autogestión no derive en informalidad o problemas urbanísticos.
En Antioquia, los constructores locales ya advierten que la eliminación de la licencia podría implicar mayor responsabilidad profesional y menos margen de control institucional.
Las comunidades de barrios populares en Medellín pueden beneficiarse de mayor rapidez, pero también deben exigir que los trabajos cumplan estándares: buenas fundaciones, redes de servicios, seguridad estructural.
Desde la perspectiva local, este cambio puede reactivar microeconomías de construcción —obreros, proveedores, materiales— en la ciudad, generando empleo y actividad en el sector inmobiliario social.
Sin embargo, ese impulso necesita estar acompañado de una estrategia municipal clara que integre ordenamiento, registro de obra y control de calidad para que la expansión de vivienda sea sostenible.
El decreto que elimina la licencia de construcción para determinados programas de vivienda abre una ventana de oportunidad en ciudades como Medellín y en todo el país. Su éxito dependerá de cómo los actores locales (municipios, comunidades, profesionales) se adapten a una nueva forma de construir.
Si se articulan los instrumentos técnicos, urbanos y sociales adecuados, el cambio podría traducirse en viviendas más dignas para muchas familias; de lo contrario, la velocidad podría venir acompañada de costos ocultos para las ciudades y sus habitantes.
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