Riesgos para banca, proveedores y multilaterales.
La decisión de EE. UU. de incluir al presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton activó una dinámica de riesgo regulatorio que trascendió la política. Aunque el Gobierno envió una nota verbal para pedir motivos y retiro de la designación, el sector financiero y los contratistas ajustan protocolos de cumplimiento y riesgo reputacional.
El listado —sustentado en la OE 14059— suele detonar bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y prohibiciones de transar con personas o entidades designadas. Para Colombia, el principal desafío es evitar cuellos de botella en pagos internacionales, seguros y crédito de proyectos públicos y alianzas.
Bancos con exposición a corresponsales de EE. UU. podrían elevar debida diligencia, solicitar cartas de confort, revaluar líneas y ajustar listas internas. Este sobrecumplimiento (overcompliance) no necesariamente responde a una obligación legal directa, sino a la aversión al riesgo que imponen las sanciones.
Los contratistas del Estado —en especial en infraestructura, salud y tecnología— anticipan cláusulas más estrictas de sanciones y antiblanqueo. Algunas licitaciones podrían requerir certificaciones adicionales, incrementando costos de transacción y tiempos de ejecución.
En el frente multilateral, bancos de desarrollo y agencias de cooperación evalúan el riesgo país asociado a la gobernanza de proyectos y a la trazabilidad de fondos. La prioridad será mantener mecanismos de segregación y controles que aíslen posibles exposiciones a la SDN List.
Para emisores y empresas con deuda externa, el factor sanciones puede reflejarse en primas de riesgo y disrupciones logísticas de pagos. Los inversionistas pedirán mayor divulgación de cumplimiento y auditorías sobre contrapartes y proveedores críticos.
¿Puede la nota verbal cambiar ese cuadro? Es un primer paso que busca abrir revisión ante OFAC y señalizar al mercado que el Gobierno está gestionando el riesgo. Sin embargo, la certeza solo llegará con una decisión de la autoridad sancionadora o con licencias específicas que atenúen efectos.
Comparado con otros episodios en América Latina, el impacto económico depende de la duración de la medida y del grado de exposición financiera a EE. UU. Colombia, con alta integración al sistema de pagos global, necesita una respuesta coordinada entre Hacienda, Superfinanciera, Banco de la República y Cancillería.
Mientras tanto, los manuales corporativos recomiendan: mapeo de contrapartes, screening reforzado, contratos con cláusulas de sanciones claras, planes de contingencia para pagos y comunicación temprana con bancos y aseguradoras. Reducir ruido regulatorio es clave para sostener flujo de caja y cronogramas.
Gremios empresariales y cámaras binacionales piden guías oficiales para operar con seguridad jurídica. Desde el Gobierno, la meta es proteger proyectos y mantener ventanillas abiertas con multilaterales, mientras se tramita la revisión de la designación.
En EE. UU., las autoridades reiteran que la política de sanciones se mantendrá, y que cualquier alivio depende de evidencia y procedimientos ante OFAC. Los mercados, por ahora, responden con prudencia y selectividad.
El pulso no solo es diplomático: es financiero y operativo. La salida exige coordinación regulatoria, cumplimiento robusto y señales creíbles. Hasta que OFAC decida, el costo será la incertidumbre.
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