Defensoría y forenses confirman víctimas menores.
En las riberas del río Guaviare, la noticia se supo por las lanchas: hubo bombardeo otra vez. En la escuela, una maestra pasó lista con voz quebrada; en el caserío, líderes comunitarios recogieron denuncias de reclutamiento que venían haciendo desde meses atrás. La operación contra las disidencias dejó menores de edad fallecidos, según reportes oficiales.
La Defensoría del Pueblo informó seis; Medicina Legal, siete. La duda duele en los apellidos de las familias que aguardan identificación y entrega digna. El presidente Gustavo Petro defendió la intervención como una medida para evitar una emboscada contra soldados. En la región, el debate suena distinto: ¿cómo proteger a los niños antes de que terminen en un campamento?
Los afluentes, la selva espesa y el bajo pie de fuerza civil dificultan el acceso del Estado. Las comunidades han pedido puestos de salud, docentes y rutas seguras. Sin esa base, el reclutamiento forzado encuentra terreno para crecer y perpetuar ciclos de miedo.
Llegaron equipos de fiscalía y forenses. Se activaron rutas psicosociales y de atención a víctimas. En paralelo, organizaciones locales recopilaron testimonios sobre movimientos previos de hombres armados, retenciones y amenazas a jóvenes.
Expertos en niñez insisten en alertas tempranas efectivas, escoltas comunitarias hacia escuelas, transferencias condicionadas que retengan a los adolescentes y brigadas culturales y deportivas. En zonas críticas, piden presencia permanente de ICBF y Defensoría.
Para el Ministerio de Defensa, la operación fue legítima y siguió los principios del DIH. Sin embargo, cuando se sospecha presencia de niños soldados, la táctica debe incluir ventanas temporales sin menores, dispositivos de reconocimiento más finos y coordinación con actores humanitarios.
La coca, la minería ilegal y el tráfico fluvial sostienen rentas que financian a las disidencias. Cortar esos flujos requiere política social, sustitución real y control territorial sostenido. Solo con alternativas productivas las familias reducen su exposición al reclutamiento.
Líderes piden garantías de seguridad para hablar, protección a testigos y mesas de diálogo que incluyan a mujeres y jóvenes. Temen represalias por denunciar y exigen rutas humanitarias que prioricen a niños y adolescentes.
La polémica puede traducirse en audiencias públicas, misiones de verificación y planes integrales que combinen operaciones de precisión con presencia estatal social. Las familias reclaman que la verdad llegue completa y pronto.
La política nacional se dividió entre defensas e indignación por la justificación presidencial. Organizaciones de derechos humanos piden investigación independiente, reparación a víctimas y ajustes en doctrina operativa cuando haya riesgo de menores.
El reto es construir un escudo social que evite que la niñez vuelva a la línea de fuego, mientras la Fuerza Pública enfrenta a los grupos armados con máxima cautela. La región espera que las lecciones se traduzcan en cambios.
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