La sospechosa no aceptó cargos; seguirá vinculada al caso.
El 3 de junio de 2025, en Teusaquillo, un plan con bomba tipo lapa no llegó a su destino. Según la Fiscalía, Katherine Andrea Martínez Martínez habría coordinado la logística y entregado el artefacto a un menor de edad. La presencia de patrullas en la vía pública frenó el traslado del explosivo y el ataque no se ejecutó.
Cuatro días más tarde, el 7 de junio, el senador Miguel Uribe Turbay fue atacado a tiros en Modelia durante un acto proselitista. Permaneció hospitalizado hasta su fallecimiento el 11 de agosto. Desde entonces, la justicia ha capturado a varios presuntos partícipes y sancionó a un adolescente en el sistema juvenil.
Con el paso de los meses, la investigación oficial sostuvo la hipótesis de una estructura criminal detrás del magnicidio. En paralelo, los hallazgos del plan frustrado en Teusaquillo —rutas, vigilancias, roles— alimentaron un nuevo expediente por terrorismo que ahora imputa a Martínez, quien no aceptó el cargo.
La reconstrucción incluye posibles reconocimientos de zona, trazabilidad del explosivo y la coordinación con terceros. Para los investigadores, la selección de Teusaquillo —zona de alto tránsito y sedes institucionales— buscaba máximo impacto.
En el eje del caso aparece la instrumentalización de un menor, conducta que agrava la imputación. Aun sin detonación, la Fiscalía considera que hubo actos idóneos para generar intimidación y afectar la seguridad ciudadana, elementos que encajan en la definición de terrorismo.
El perfil de la señalada y su cruce con el magnicidio apuntan a una función de enlace operativo. La defensa, por su parte, insiste en la presunción de inocencia y en que los elementos recolectados deben superar el umbral de certeza en juicio.
A nivel territorial, el caso reabre el debate sobre los protocolos de seguridad para campañas y eventos masivos. La secuencia del 3 y el 7 de junio expone vacíos y oportunidades de mejora en prevención, reacción y coordinación interinstitucional.
En la línea internacional, la investigación ha recibido cooperación y trabaja hipótesis sobre financiadores y determinadores. Capturas recientes de presuntos coordinadores fortalecen la narrativa de una red con roles definidos.
El expediente por terrorismo seguirá con audiencias, eventuales medidas de aseguramiento y nuevos peritajes.
En cuanto a opinión pública, el caso consolidó una demanda social por verdad y garantías. Sectores políticos y organizaciones cívicas piden resultados técnicos y transparentes, y el fin del reclutamiento de menores por redes delictivas.
La discusión se centra en quién ordenó y financió los hechos. Expertos ven en el proceso por terrorismo un puente probatorio para llegar a los niveles superiores de la estructura.
Analistas de seguridad plantean que los ataques frustrados son ventanas de oportunidad: dejan más huella que un atentado consumado y posibilitan rastrear logística, comunicaciones y jerarquías.
La cronología del 3 y el 7 de junio unió dos escenas y encendió dos expedientes. Si la ruta probatoria se sostiene, el proceso por terrorismo podría ser la bisagra que lleve a los autores intelectuales.
About the Author
