El Congreso pide estándares verificables y reportes desagregados
La discusión por las muertes de menores en operaciones militares se transformó en una oportunidad para revisar protocolos. La representante Catherine Juvinao pidió explicaciones sobre cinco bombardeos sin información pública suficiente y presentó un conteo de víctimas que no coincide con las cifras que manejan entidades forenses. El choque de datos motivó peticiones de transparencia y de auditoría externa.
Organizaciones de infancia y expertos en seguridad convergen en un punto: sin trazabilidad, la política pierde legitimidad. Proponen que cada operación con riesgo potencial de presencia de NNA incorpore una matriz de riesgo estandarizada, respaldada por fuentes de inteligencia diversas y con evidencia de verificación previa. La idea es transformar la cautela en un requisito verificable y no en una declaración general.
La Procuraduría abrió indagaciones preliminares sobre los cinco episodios cuestionados, centradas en el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. Las pesquisas evalúan si las decisiones de empleo de fuego aéreo estuvieron sustentadas en información suficiente y si la verificación posataque se ejecutó con estándares forenses y de cadena de custodia.
Desde el Gobierno, la respuesta ha sido defender la táctica como herramienta necesaria contra cabecillas de estructuras armadas. La tesis oficial sostiene que suspender bombardeos por sospecha de presencia de menores puede fortalecer el reclutamiento forzado, por lo que la medida debe ser excepcional y nunca automática. El Ejecutivo insiste en que se aplican medidas de mitigación.
Para cerrar la brecha entre cifras, legisladores proponen un registro nacional de incidentes con NNA que integre datos de Medicina Legal, ICBF, Procuraduría y Defensa. El sistema, auditado por terceros y con cortes trimestrales, permitiría identificar patrones, corregir fallas y publicar estadísticas con metodología clara. Un tablero público reduciría la especulación y concentraría el debate en hechos.
Otro punto clave es la verificación posoperativa. Expertos sugieren la presencia de observadores civiles, protocolos fotográficos y de georreferenciación, y reporte forense estandarizado. Estas medidas buscan garantizar que, si hay víctimas menores, el Estado actúe con celeridad en identificación, notificación a familias y reparación integral, evitando subregistros.
El caso de Guaviare, con reportes de menores entre las víctimas, se convirtió en un hito para reformar procesos. Organizaciones pidieron evaluar patrones de reclutamiento en zonas críticas y ajustar reglas de enfrentamiento cuando existan indicios fuertes de presencia de NNA, privilegiando alternativas tácticas hasta descartar el riesgo.
Comparaciones internacionales señalan modelos de listas rojas y ventanas de oportunidad que condicionan el uso de fuego aéreo. En ese marco, Colombia podría adoptar un umbral probatorio mínimo para autorizar bombardeos, además de controles ex post por entes independientes. La transparencia técnica fortalece tanto la protección de la niñez como la eficacia militar.
En el Congreso crece el consenso en torno a publicar fichas técnicas de los cinco bombardeos cuestionados y de operaciones futuras. La prioridad es que la ciudadanía conozca el fundamento de las decisiones y que las entidades de control cuenten con insumos verificables. El Gobierno, por su parte, insiste en que los grupos ilegales usan a los menores como escudo, lo que complejiza la planeación.
Avanzar hacia datos abiertos, auditoría y participación de organismos civiles puede resolver el actual choque de cifras. El objetivo compartido es reducir al mínimo el riesgo para NNA y sostener la capacidad del Estado frente a estructuras armadas que amenazan a comunidades.
Bancadas independientes plantearon un paquete legislativo con tres ejes: matriz de riesgo obligatoria, verificación posataque con observadores y tablero público de incidentes. Sectores de oposición piden determinar responsabilidades políticas si las indagaciones hallan fallas de precaución o negligencia.
En lo inmediato, se esperan resultados preliminares de las indagaciones disciplinarias y el cronograma de socialización de protocolos por parte del Ministerio de Defensa. De confirmarse ajustes, habría lineamientos para nuevas operaciones y reportes con métricas comparables en todo el territorio.
La controversia puede convertirse en una reforma que combine protección reforzada de la niñez y efectividad operativa. Con datos completos, auditoría externa y verificación independiente, el país podrá evaluar la táctica sin opacidad.
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