Gremios proponen ajustes técnicos y apoyos focalizados.
Bogotá. Con la negociación del salario mínimo 2026 en marcha, los sectores de operación 24/7, en especial la red minorista de combustibles, pusieron sobre la mesa un paquete de soluciones para conciliar ingreso y sostenibilidad. Su tesis: un aumento alineado con inflación (5,51%) y productividad (0,91%), complementado con medidas focalizadas.
La alianza Somos Uno (integrada por COMCE y Fendipetróleo) recuerda que administra una red de 6.400 estaciones y más de 50.000 empleos formales. En un entorno de márgenes regulados, un salto salarial que exceda los fundamentos macro podría forzar reducción de turnos y cierres, afectando el abastecimiento en ciudades y zonas rurales.
Entre las propuestas figura una senda de ajuste basada en la regla IPC + productividad, con revisión semestral de indicadores de costos para identificar territorios en riesgo. En esos puntos, el gremio sugiere compensaciones transitorias o una revisión técnica de márgenes que permita sostener el servicio sin incumplir obligaciones laborales.
Otra línea plantea incentivos a la formalización y a la capacitación de personal, respaldados por programas de productividad laboral. La evidencia muestra que mejoras en procesos y rotación eficiente pueden absorber parte del aumento sin trasladarlo a recortes de empleo o horarios.
También se propone un esquema de inspección y vigilancia que asegure el cumplimiento de recargos y prestaciones, al tiempo que prevenga prácticas de subcontratación precaria. Para el gremio, elevar el salario sin garantizar cumplimiento integral distorsiona la competencia y castiga a quien opera en la formalidad.
El debate incluye herramientas territoriales: en municipios con baja demanda, un fondo de continuidad de servicio podría cubrir picos de costo laboral estacionales. A cambio, las empresas mantendrían horarios mínimos y compromisos de cobertura, priorizando corredores logísticos y periferias con menor oferta.
Desde la perspectiva de los trabajadores, el foco está en recuperar poder de compra y reducir la informalidad. Las centrales proponen que, más allá del porcentaje, se fortalezcan programas de cuidado y transporte para mitigar los costos asociados a turnos nocturnos y dominicales, recurrentes en actividades 24/7.
El Gobierno busca un acuerdo antes del 30 de diciembre. La alternativa de un decreto está sobre la mesa si no hay consenso. En ambos escenarios, el Ejecutivo evalúa cómo balancear la meta social de mejores ingresos con la necesidad de no desactivar servicios esenciales para hogares y empresas.
Para la academia, la consistencia intertemporal es clave: aumentos atados a productividad verificable y herramientas contracíclicas, como compensaciones temporales, reducen el riesgo de cierres y permiten que el salario real avance sin perder empleos en sectores de operación continua.
Los gremios 24/7 celebran que el debate incluya mecanismos de transmisión más allá del porcentaje. Las centrales insisten en que no haya excepciones que degraden derechos, y piden que cualquier apoyo a empresas esté condicionado a mantener nóminas y horarios.
En opinión ciudadana, la prioridad es garantizar abastecimiento sin interrupciones. Usuarios temen que los recortes nocturnos encarezcan la movilidad y el transporte de alimentos, especialmente en regiones donde una sola estación sostiene la logística local.
El salario mínimo 2026 puede ser una oportunidad para ordenar la política laboral con criterios de datos y productividad, sumando apoyos bien dirigidos. La meta: subir el ingreso sin apagar los sectores que nunca duermen.
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