La ANT, clave para destrabar con un plan verificable.
El cierre total en el corredor San Juan–Arboletes paraliza un tramo estratégico para conectar Urabá con Montería y la Costa Caribe. La carga de alimentos y perecederos es la primera en sentir el golpe.
Aunque hay paso humanitario para ambulancias, camiones y buses permanecen detenidos durante horas, con costos de combustible, nómina y riesgo de pérdida de mercancía.
Transportadores consultados en la zona reportan retenes y represamiento a ambos lados del bloqueo. El punto crítico se ubica cerca del Parador Turístico, según medios locales.
Comercios minoristas anticipan desabastecimiento temporal y aumento de precios si el paro se prolonga. El impacto podría escalar a centros de acopio y frigoríficos regionales.
¿La llave de salida? Líderes campesinos exigen a la Agencia Nacional de Tierras mesas técnicas en territorio, con cronogramas de formalización y proyectos productivos. Sin ello, el paro seguirá.
El representante Pedro Baracutao insistió en activar una agenda de cumplimiento con seguimiento público desde el Congreso. Veedores y garantes pueden aportar transparencia en la ruta.
En términos de riesgo, las empresas deben activar planes de contingencia: rutas alternas, reprogramación de entregas y seguros por interrupción. El costo marginal crece con cada hora de cierre.
La experiencia muestra que, con acuerdos verificables, los bloqueos se levantan y el tránsito se normaliza en cuestión de horas. Sin resultados, la congestión puede extenderse y dejar secuelas en inventarios y contratos.
En paralelo, organizaciones sociales recuerdan que el conflicto tiene raíz agraria: títulos, proyectos y vías terciarias. El problema logístico es la punta del iceberg de una deuda histórica.
Gremios piden corredores seguros y diálogo inmediato; líderes sociales llaman a no estigmatizar la protesta y a atender el fondo del reclamo.
La normalización dependerá de un plan de acción con plazos y presupuestos. Si llega, la carga rodará; si no, el tema seguirá en desarrollo.